VALENCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario popular ha presentado en las Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclama la paralización del proyecto de construcción del centro de inserción social (CIS) en la partida del Safranar de la ciudad de Valencia, en término lindante con Paiporta y Picanya.
Así, los populares argumentan que el pasado 13 de octubre de 2010, el Boletín Oficial del Estado publicó resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Valencia para la construcción de un centro de inserción social, en terrenos colindantes con los términos municipales de Paiporta y Picanya, que se encuentran a escasos metros del casco urbano de ambos municipios.
Dicha resolución, apuntan, en la que se informa sobre la necesidad de iniciar expediente de expropiación forzosa y urgente ocupación de las parcelas afectadas, "ha causado un alto grado de disgusto y preocupación en una inmensa mayoría de los ciudadanos de Paiporta y Picanya porque se encuentra a escasos doscientos metros del emplazamiento que se vio obligado a desestimar con este mismo fin el Gobierno de España hace exactamente un año, como consecuencia de la movilización vecinal suscitada".
Esta decisión adoptada por el gobierno de la nación, apuntan los populares, "no ha sido comunicada oficialmente al Ayuntamiento de Valencia, que ha conocido de la definitiva ubicación de este centro por el anuncio de expropiación publicado en el BOE, ni tampoco ha contado con el consenso de las administraciones municipales afectadas, además de contar con la total oposición de los vecinos".
Esta "creciente preocupación se ha tornado en indignación en el sentir general de los vecinos de Paiporta y Picanya y de las autoridades municipales afectadas, al darse la circunstancia de que la citada resolución contradice abiertamente la notificación oficial remitida por el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana al Ayuntamiento de Paiporta con fecha 15 de octubre de 2009", en la que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta "se comprometía a no ubicar el centro en terrenos colindantes con Paiporta y Picanya tras conocer la 'polémica suscitada entre los vecinos' y porque 'en ningún momento se ha planteado ni se plantea ninguna imposición'".
Asimismo, y paralelamente, "el pasado 15 de octubre el Ayuntamiento de Picanya, en palabras de su alcalde, el socialista Josep Almenar, hacía público un comunicado a través de su página web en la que aseguraba que en virtud de sus negociaciones con los órganos competentes, el centro penitenciario no se instalaría en la ubicación prevista por el Gobierno de España", añaden.
Además, según el grupo popular, "la ubicación del centro de inserción social en el emplazamiento decidido, toda vez que ese suelo actualmente tiene la clasificación de suelo no urbanizable, protección agrícola, y en el documento de revisión del PGOU de Valencia -en fase de exposición al público- se reclasifica a urbanizable para uso industrial y terciario, no resulta compatible con la planificación urbanística y puede condicionar el desarrollo de la ciudad".
Por todo ello, los populares creen que "la ciudadanía de Valencia, Paiporta y Picanya, principal perjudicada por este proyecto, se siente especialmente molesta, defraudada y engañada por el Gobierno de España y ha anunciado públicamente su intención de intensificar las movilizaciones para exigir la paralización del proyecto".
De esta forma, los populares instan al Consell para que éste, a su vez, inste al gobierno de la nación a que paralice el proyecto de construcción del centro de inserción social "en la ubicación impuesta en el término de Valencia" junto a los términos municipales de Paiporta y Picanya, y deje sin efecto el proceso de expropiación forzosa de bienes y derechos que, a tal fin, ha iniciado.
