Responsables de la empresa evaluadora admiten que desde Solidaridad les marcaban "listas blancas y negras" de ONG

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

   Luis Castel, responsable de la empresa evaluadora de los procesos que ponía en marcha la extinta Conselleria de Cooperación y Solidaridad para adjudicar proyectos, ha relatado ante el tribunal cómo el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, le trasladaba instrucciones sobre "listas negras" y "blancas" de ONG y sobre cómo debían cambiar las valoraciones en función de estas indicaciones.

   En la misma línea se ha manifestado el ingeniero Jesús Urquiza, encargado de llevar a cabo la mayoría de estas valoraciones, que ha puntualizado que a él no le hablaron directamente de estas listas de organizaciones a beneficiar y perjudicar, pero sí ha reconocido que modificaba las evaluaciones por orden del propio Castel y de Llinares.

   Así lo han confirmado ambos en la última sesión de declaraciones de acusados en el juicio sobre el conocido como caso Blasco, en el que se juzgan presuntas irregularidades en subvenciones de la extinta Conselleria de Solidaridad que dirigía el exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, y la fallida construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto que asoló este país.

   Castel era el responsable de empresa evaluadora Caaz SL --que recibió contrataciones de las consellerias por las que fue pasando Blasco-- y gerente de la UTE Broseta Abogados-Inversiones y Estudios Caaz SL, con la que realizó la evaluaciones de los proyectos de cooperación hasta la disolución de la empresa por problemas con la Seguridad Social, según ha explicado al ser preguntado por la falta de experiencia en este sector de la nueva firma que creó. Así, posteriormente creó Expande SL, con la que volvió a ganar el concurso de la Conselleria para evaluar los proyectos de cooperación.

   A preguntas del fiscal durante un interrogatorio que se ha prolongado por más de dos horas y media, Castel ha contado que Llinares le pedía que cambiara las valoraciones y que incluso existían "listas negras y blancas" que servían para saber qué organizaciones debían recibir proyectos de cooperación y cuáles no.

   Según creen los investigadores, las organizaciones que se habrían beneficiado de ello eran aquellas sobre las que tenía influencia la Fundación Hemisferio, de la que supuestamente estaba detrás el empresario Augusto César Tauroni --principal acusado junto a Blasco en este juicio y condenado ya a seis años de prisión en la primera de las piezas--.

   Pese a reconocer estas instrucciones, Castel ha asegurado ante el tribunal que "nunca" le ofrecieron "ninguna dádiva, ni comisión". "En mi vida", ha insistido. Además, ha sostenido que los informes que sus firmas realizaban "no eran vinculantes".

"YO EJECUTABA"

   El segundo en comparecer este jueves ha sido Jesús Urquiza, pese a tener un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat. Lo primero que ha hecho el ingeniero responsable de las evaluaciones ha sido anunciar a la Sala que no se ratifica en la declaración que hizo durante la instrucción porque lo hizo en calidad de testigo y sin abogado. Sin embargo, el fiscal ha aclarado que posteriormente fue llamado a los Juzgados como investigado y decidió acogerse a su derecho a no declarar.

   Urquiza ha señalado que él se veía "capacitado" para evaluar los proyectos de cooperación porque ya había participado en otros trabajos similares como ingeniero industrial. Ha explicado que trabajó como empleado para la primera de las empresas de Castel, Caaz, pero no tenía relación laboral con la segunda, Expande, aunque participó en estos trabajos con el fin de "colaborar" con el empresario "en tiempos difíciles", con la esperanza de ser contratado "en posteriores trabajos".

   Por otra parte, ha reconocido que "modificaba evaluaciones" de los proyectos que se presentaban a la Conselleria de Cooperación, aunque ha agregado que "el tema de favorecer o no" se le "escapa". "Castel me decía que desde la Conselleria le indicaban que tenía que modificar una evaluación y yo lo ejecutaba", ha apuntado al ser cuestionado por la alteración de las puntuaciones.

   "Yo no tenía conocimiento de que había ONG a las que se favorecía. A mí me decían 'a esta ONG hay que ponerle cinco puntos más' y yo ejecutaba. Yo no tenía ni idea de a quién beneficiaba o a quién dejaba de beneficiar", ha reiterado Urquiza, que sin embargo ha limitado su participación en el proyecto del Hospital de Haití a la elaboración de un informe.

"BAJAR CINCO PUNTOS, SUBIR SEIS..."

   El letrado de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Raúl Vidal, ha preguntado al procesado por un correo incluido en la causa titulado 'Instrucciones para el arreglo de la convocatoria', sobre el que ha apuntado que "ese tipo de documentos era la forma de transmitir las instrucciones". "Bajar cinco puntos, subir seis puntos...", ha ejemplificado Urquiza, que ha insistido en que esto se hacía "siempre por órdenes de Castel o Llinares".

   El último de los acusados que ha declarado --solo lo han hecho siete, mientras que el resto se ha limitado a aceptar los hechos relatados en los acuerdos parciales o totales cerrados con las acusaciones-- ha sido Félix Sanz, de la firma Gestión Social Pobla, que se ha limitado a concretar el tiempo que permaneció al frente de esta entidad a preguntas únicamente de su defensa.

   El juicio afronta ahora la fase de las testificales, que en principio se iba a alargar durante todo el mes de junio, pero que previsiblemente se verá reducida ante la renuncia de muchas de las partes con pactos cerrados.