Acaip se queja de que haya dinero para hacer un streptease y no para cambiar una silla con agujeros o comprar mascarillas
VALENCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Funcionarias de prisiones de la cárcel valenciana de Picassent protestaron hoy por la unificación de escalas masculina y femenina en los centros, tras el desarrollo de la Ley de Igualdad, aprobada en 2007, y se mostraron "indignadas" al ver vulnerados sus derechos adquiridos hace años.
Así lo indicó en declaraciones a Europa Press una de las funcionarias, miembro de la Plataforma de Asociación de Funcionarias anteriores a la Unificación, quien acudió, acompañada de unas 30 personas más, al Centro Cultural Bancaja, donde tenía lugar un congreso sobre enfermos mentales y prisiones, al que estaba previsto que asistiera la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Mercedes Gallizo.
En un primer momento, estaba previsto que Gallizo participara en la presentación de este congreso, aunque finalmente no fue así y acudió en su lugar el director general de la institución, Virgilio Valero, quien aseveró que a ella "le hubiera encantado estar aquí, en una situación como la que se plantea, de puesta en común de situaciones que la institución tiene que acoger y administrar" --en referencia al tema del congreso--.
Para su asistencia, los funcionarios se agolparon frente al Centro Cultural, con silbatos y una pancarta en la que se podía leer 'Igualdad sí, violación de derechos no'. También portaban carteles en los que se podía leer 'Gallizo, vete ya', o 'Gallizo, dimisión', y una carta con sus reivindicaciones que le pretendían entregar. No pudieron hacerlo porque finalmente no asistió.
En este escrito, criticaban, principalmente, que se han tenido que "comer" la unificación de escalas masculina y femenina, "en contra de la mayoría de los profesionales de la institución, que la consideraban inútil e innecesaria, sólo para que algunos justifiquen su mal entendida progresía".
Al respecto, una de las miembro de la plataforma explicó que "no puede ser que porque se apruebe la Ley de Igualdad, a las funcionarias que aprobaron una oposición para trabajar únicamente con internas, se les pueda pasar ahora a trabajar también con internos". Indicó que en su momento, cuando superaron la prueba, el número de plazas para atender a únicamente a internas era "muy reducido" comparado con la escala masculina, "que era muy amplio", con lo que les costó más estudiar y aprobar.
Ahora, lamentó, con la aprobación de la Ley de Igualdad, "pretenden que la escala femenina entre a trabajar también con hombres, por lo que se están vulnerando los derechos adquiridos por estas trabajadoras hace años".
Afirmó que en las cárceles de la Comunitat no se da todavía esta situación, pero sí en Badajoz, Salamanca, Huelva o Córdoba, "y en breve también aquí". Con ello, "se crearán situaciones bastantes desagradables, porque las mujeres no están preparadas para enfrentarse a hombres, físicamente, aunque sí mentalmente".
Sobre este aspecto, una de las miembro de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) señaló que esta situación es "indignante" porque "muchos delincuentes no aguantan que una mujer les dé órdenes".
DISTINTAS CONDICIONES
Por su parte, el portavoz de Acaip, Alberto Téllez, se quejó de que existan muchas mejoras para los presos, en contraposición a las condiciones de los funcionarios. Lamentó que haya dinero para hacer un streptease, como ocurrió estas navidades en la cárcel de Picassent, "y no para cambiar una silla con agujeros o comprar mascarillas", dijo.
Téllez criticó que "no hay dinero" para "renovar cosas tan sencillas como las sillas, con agujeros, y en las que estamos sentados 24 horas al día, muebles de hace 15 años, o los tacos de madera de los zapatos", pero, sin embargo, dijo, "se gastan 650 euros en bicicletas para internos, en televisiones de plasma para las celdas o en salidas terapéuticas para internos a restaurantes típicos de tablao flamenco".
Además, lamentó que existe un acuerdo firmado en 2005 que supone un nuevo organigrama de funcionamiento para los centros, y, sin embargo, éstos se rigen por uno de 1981, porque la Administración "lo ha dejado empantanado y no quiere desarrollarlo". "Eso --agregó-- supondría un mejor funcionamiento".
