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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han criticado el rechazo de la Diputación Permanente al Real Decreto-ley 28/2026, que contemplaba la renovación automática de los alquileres, y han pedido al próximo Gobierno que surja de las elecciones generales del 29 de noviembre que sitúe la vivienda entre las primeras prioridades de la nueva legislatura, con independencia de su composición.
En concreto, han lamentado que sigan existiendo fuerzas políticas dispuestas a "bloquear medidas necesarias para dar estabilidad y seguridad a la mayoría de los hogares".
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos han valorado positivamente la convalidación del otro Real Decreto-Ley, que incluye un amplio abanico de medidas en materia de vivienda, al considerar que incorpora avances para reforzar la función social de la vivienda y mejorar la protección de las personas inquilinas.
Sobre este decreto, resaltan que incorpora medidas que venían reclamando, como la regulación del alquiler temporal y por habitaciones, la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mayores derechos para las personas arrendatarias, límites a determinadas compras especulativas y medidas fiscales sobre viviendas vacías y alojamientos turísticos.
También han valorado la protección permanente del parque público y los nuevos instrumentos para ampliar la vivienda asequible, aunque han advertido de que estos avances son "importantes, pero insuficientes". En este sentido, han apuntado que parte de su eficacia depende de la declaración autonómica de zonas tensionadas, que algunas medidas son temporales y que los incentivos fiscales requieren mayor progresividad.
Por ello, han reclamado reforzar los registros, la inspección y las sanciones, así como desarrollar un parque público permanente de vivienda asequible y social, con una inversión pública que alcance al menos el 1% del PIB.
CRÍTICAS AL RECHAZO DEL RDL 28
En relación con el rechazo al decreto de prórrogas automáticas, CCOO y UGT han lamentado que la movilización del 11 de noviembre no haya servido para modificar la posición del PNV, especialmente después de la respuesta social registrada en España y, "singularmente en Euskadi".
Los sindicatos han considerado que la huelga general y las manifestaciones posteriores mostraron que el acceso a una vivienda digna es una preocupación central de la clase trabajadora y de la mayoría social. Por ello, han señalado que impedir la convalidación de una norma dirigida a reforzar la estabilidad residencial apenas 24 horas después supone "dar la espalda a ese mensaje de la sociedad".
Ambas organizaciones han advertido de que la no convalidación de este Real Decreto-Ley resulta "particularmente preocupante", al entender que habría supuesto un cambio estructural en favor de una "mayor estabilidad del alquiler", "prolongando las relaciones contractuales" y dificultando que el simple vencimiento del contrato pudiera utilizarse para "expulsar" a las personas inquilinas y volver a colocar las viviendas en el mercado a precios "muy superiores".
Asimismo, han criticado las posiciones del PP, Vox y Junts y han denunciado la "insensibilidad política" que, en su opinión, supone rechazar reiteradamente instrumentos destinados a limitar la especulación, proteger a las personas inquilinas y reforzar la función social de la vivienda. Según han afirmado, estas posiciones favorecen un modelo basado en el rentismo y el peso creciente de grandes inversores y fondos buitre.
De cara a la próxima legislatura, UGT y CCOO han reclamado una regulación que garantice la estabilidad de los contratos de alquiler, el despliegue completo de las medidas aprobadas este jueves, la ampliación sostenida del parque público de protección permanente, elevar la inversión hasta al menos el 1% del PIB, frenar la especulación y el uso abusivo de los alquileres temporales y turísticos, y reforzar la capacidad pública de inspección y control.
"Después de la respuesta social del 11 de noviembre, persistir en el bloqueo o en la defensa de un mercado sometido a la lógica de la rentabilidad privada sería una grave irresponsabilidad política", han advertido, antes de concluir que "la vivienda no puede esperar, necesita acciones concretas".
