Economía/AVE.- El Gobierno de Cantabria inicia acciones legales ante el buzoneo de una carta que pide dinero para el AVE

Actualizado: viernes, 21 mayo 2010 16:39

El Ejecutivo advierte a los ciudadanos de que se trata de "un engaño"


SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado acciones legales contra el buzoneo de una carta que simulando apariencia oficial y utilizando la imagen corporativa del propio Ejecutivo, pide a los contribuyentes de la región 5.000 euros para sufragar las líneas ferroviarias de Alta Velocidad.

El Ejecutivo cántabro ha transmitido hoy un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos y ha advertido que ese escrito es "un engaño".

Además, ha presentado una denuncia para poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, por un posible delito de injurias al Ejecutivo y falsificación de documento, según informó el Gobierno en un comunicado.

La misiva está firmada por una supuesta directora general que no existe, identificada como Inés Puente Carriles, y fechada en una dirección igualmente inexistente --calle Ave César--.

Además, facilita como teléfono de contacto el de la secretaría del consejero de Obras Públicas, donde se han recibido numerosas llamadas telefónicas de ciudadanos alarmados por el contenido, a los que ya se ha notificado su falsedad.

En concreto, el escrito señala que todos los cántabros en edad de trabajar tendrán que aportar más de 5.000 euros para financiar las obras del AVE.

Asimismo, anuncia un procedimiento "absolutamente ficticio" para descontar esa cantidad en la declaración de la renta y las nóminas de trabajadores y pensionista, mientras que para los parados llega al extremo de asegurar que tendrán que suscribir un crédito libre de intereses para afrontar el pago.

Además de las acciones legales emprendidas en cuanto tuvo conocimiento de su existencia, el Ejecutivo ha hecho público el contenido de la carta para que todos los ciudadanos conozcan que carece de "toda credibilidad" y por supuesto de "cualquier respaldo oficial".

CARTA.

En la carta, se informa de que en la declaración de la renta de este año se valora que "todos" los contribuyentes cántabros "afronten los costes de las nuevas líneas de tren de alta velocidad", debido a que se trata de "la mayor infraestructura proyectada en este territorio en toda su historia" y dada la situación de crisis económica y, también, los recortes en el Ministerio de Fomento.

En la misiva se precisa que el importe sería de 10.093,75 euros por cántabro en edad de trabajar. Esta aportación supondría la mitad de la financiación del proyecto --que en su conjunto supera los 5.000 millones de euros--. La otra mitad sería aportada por los gobiernos central y regional.

En cuanto a la forma de efectuar el pago, se indica que a la población dada de alta en la Seguridad Social se le descontará el 30% en la declaración de la Renta (1.514 euros), mientras que la cuantía restante se descontará a partir de julio de este año de la nómina, en 24 mensualidades por valor de 147,19 euros.

Para desempleados y estudiantes, la carta asegura que las instituciones han llegado al acuerdo con las cajas de ahorro de realizar créditos libres de interés para realizar el pago. Mientras, a jubilados y pensionistas se descontará, también a partir de julio, un 30% de la pensión mensual, hasta llegar a los 5.046 euros, según prosigue la misiva.

"Al haber decidido que se trata de una infraestructura de interés general, el pago se realizará por imperativo legal", subraya el escrito, para avanzar que en un futuro no se descarta la posibilidad de financiar de esta misma forma los gastos derivados del servicio y mantenimiento de las líneas, siempre y cuando resultaran "inviables económicamente".

"Esta Delegación se reserva el derecho de que en el caso de que la sociedad civil de Cantabria no respalde estos megaproyectos de alta velocidad de destinar esta recaudación, así como las partidas de los gobiernos cántabro y central, a financiar otras serie de necesidades básicas para la población y para la reactivación de la economía, tales como ayudas directas al pago de hipotecas, al desempleo, a una renta social básica y a otras medidas que se postulen desde el acuerdo con los agentes y colectivos sociales", concluye la carta.