MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana el Real Decreto que regulará las ayudas al alquiler de 210 euros para jóvenes de entre 22 y 35 años con rentas inferiores a 22.000 euros anuales, que se enmarcan en el Plan de Ayuda a la Emancipación y Fomento del Alquiler elaborado por el Ministerio de Vivienda.
Este trámite se produce casi dos semanas después de que la ministra de Vivienda, Carme Chacón, se reuniese en conferencia sectorial con los representantes de las comunidades autónomas --excepto de la Comunidad de Madrid, que no acudió en muestra de su desacuerdo con la medida-- para consensuar las condiciones de las ayudas.
Según la propuesta de Vivienda, el Gabinete dirigido por Carme Chacón elaborará una aplicación informática para que las comunidades autónomas puedan recabar datos e información de los solicitantes a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Así, podrán confirmar directamente si el joven cumple con las condiciones de tener contrato de trabajo y cobrar menos de 22.000 euros brutos anuales.
Además, el documento prevé que el sistema de concesión de ayudas tenga una revisión anual para evitar posibles casos de fraude y controlar que los beneficiarios que dejen de cumplir los requisitos sigan percibiendo las ayudas.
Asimismo, el sistema de gestión propuesto establece que los solicitantes de las ayudas puedan acceder al formulario en la página web del Ministerio de Vivienda y a través de la Red de Oficinas de las comunidades autónomas, donde deberán presentarlo junto con el resto de documentación.
Entre estos documentos, aparte de la solicitud, debe figurar el contrato de arrendamiento, la referencia catastral del inmueble y el número de afiliación a la Seguridad Social del demandante. Una vez presentada la solicitud, las administraciones autónomas podrán recabar los datos de los solicitantes a través de las delegaciones territoriales del Catastro, de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.
A partir de ese momento, las comunidades dispondrán de un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud y trasladarla al Ministerio de Vivienda, que autorizará el pago de la ayuda al joven inquilino.
