MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que habrá que esperar un par de años para valorar el "impacto real" y la "eficacia" de la batería de medidas aprobada hoy por el Consejo de Ministros relativa al fomento del alquiler.
En un comunicado, la organización confía, sin embargo, en que estas medidas "permitirán equilibrar el peso relativo entre el arrendamiento y la propiedad", ya que motivarán la salida al mercado del alquiler de "una buena parte de los tres millones de viviendas vacías que existen actualmente en España y que suponen el 14,8% del total de las viviendas principales y secundarias".
Concretamente, Gestha estima que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que se fijará en 15 días el plazo requerido para poder presentar una demanda de "desahucio" por falta de pago de las rentas, es una medida "realmente efectiva", ya que aumentará la seguridad jurídica de los propietarios. En el caso de la creación de juzgados especializados en materia de vivienda, Gestha estima que contribuirán a que los juicios rápidos "aminoren su lentitud".
En materia fiscal, la reducción del IVA para la construcción de viviendas destinadas al alquiler de renta básica a 25 años y la tributación al 1% en el Impuesto de Sociedades para las Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria conseguirán, según los técnicos, incrementar la oferta de viviendas en alquiler y, así, reequilibrar el peso relativo de los mercados de alquiler y de propiedad.
Por otro lado, Gestha considera necesario incluir en el paquete de medidas para el fomento del alquiler una modificación de la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal, con el fin de que se autorice a este colectivo a vigilar el cumplimiento de los requisitos de las subvenciones y ayudas públicas, y para que puedan investigar cualquier indicio de fraude en el arrendamiento de inmuebles, al objeto de hacer aflorar la bolsa de alquiler sumergido existente.
Finalmente, los técnicos de Hacienda echan en falta una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para delimitar los derechos y obligaciones de las partes y establecer un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
