MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de España (Inite) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que elimina la obligatoriedad del visado, desde el pasado 1 de octubre.
Según el Instituto, que agrupa a todos los consejos y colegios profesionales de ingenierías técnicas a nivel nacional, argumenta que la norma deja en situación de "desamparo" a los usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería.
El Real Decreto reduce a tan sólo nueve las actividades profesionales que aún estarán obligadas a seguir visándose, un 10% de las que hasta ahora estaban sometidas a este requisito. Estas actividades se limitan a la ejecución de obras de edificación y demolición y a ciertos proyectos relacionados con los explosivos y la minería.
Concretamente, la organización explica que proyectos como aeropuertos, de transformación de regadíos, de repoblación forestal o de instalación de líneas de alta tensión, "que inciden directamente en la integridad, salud y seguridad de las personas", quedarán sin visar.
"Es evidente que la exención del visado de estos trabajos afecta de modo grave a los usuarios de las citadas instalaciones y obras", que pueden ser víctimas de un accidente o enfermedad profesional, insisten los ingenieros técnicos.
"Si a partir de ahora ocurriera algún accidente o siniestro en algún proyecto de ingeniería que no haya sido visado por el colegio profesional correspondiente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será el único responsable", abundan.
UN AHORRO "ÍNFIMO".
Por otro lado, el recurso alega que el ahorro que supone la supresión de los visados es "ínfimo" y que, por el contrario, la sustitución por otros mecanismos de control obliga a las administraciones a dotarse de más personas o a acudir a otras entidades de control, "cuyas tarifas son infinitamente más altas que los costes del visado", incrementando así su gasto y demorando los plazos.
Los ingenieros técnicos aseguran que están manteniendo reuniones con responsables políticos y con responsables de comunidades autónomos y ayuntamientos, pero piden también el apoyo de los grupos parlamentarios.
