MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid solicitará la impugnación del Real Decreto que regula la renta básica de emancipación al considerar que esta normativa invade las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno de 2007 el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, quien aseguró que a través del texto el Gobierno central "no sólo se extralimita en sus competencias, sino que fija la política de vivienda regional e impone obligaciones a las comunidades autónomas para asegurar la aplicación de la llamada renta básica de emancipación".
El 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre manifestó que los servicios jurídicos del Gobierno regional presentarán "en los próximos días" un requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de la Presidencia, al entender que con este Real Decreto, el departamento que dirige Carme Chacón "intenta arrebatar a la Comunidad de Madrid sus legítimas competencias en materia de vivienda".
NO SE PEDIRÁ LA SUSPENSIÓN DE LAS AYUDAS
No obstante, González dejó bien claro que "para no perjudicar a los madrileños", la Administración regional no solicitará la suspensión de las ayudas que ofrece el Ministerio de Vivienda. En líneas generales, el Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas, ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad de Madrid.
Además, mantiene que Vivienda "no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las comunidades autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiaros de las mismas".
La Comunidad de Madrid también entiende que el Gobierno central "no tiene capacidad" para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la renta básica de emancipación es compatible con otras ayudas o deducciones regionales, tal y como se establece en el Real Decreto.
Por último, el Ejecutivo autonómico basa su requerimiento de incompetencia en el argumento de que el Ministerio no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para la concesión de las ayudas.
