MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Economistas (CGE) pide introducir cambios para mejorar la regulación de los procedimientos de insolvencia en España en sintonía con lo propuesto en el texto de la directiva europea sobre modelos basados en la prevención y alerta temprana de la insolvencia, así como desarrollar la segunda oportunidad y fijar en dos años el plazo de insolvencia inminente.
A través de su órgano especializado Registro de Economistas Forenses (Refor), el Consejo General de Economistas ha definido una serie de propuestas, remitidas al Ministerio de Justicia, dentro del procedimiento de consulta pública establecido para la mejora de los procedimientos de resolución de insolvencias ante el próximo proceso de transposición de la directiva de insolvencia que entró en vigor en junio de 2019.
En relación a los cambios a introducir dentro del ordenamiento jurídico por la transposición de la directiva de insolvencia, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, entiende que se trata de "una directiva de mínimos que deja margen a los Estados miembros para decidir cómo transponer determinados aspectos".
Dado que el tejido empresarial español está compuesto en más de un 99% por pequeñas y medianas empresas, Pich cree que "lo más lógico" sería que el texto resultante de la transposición recogiese procedimientos específicos para pymes.
Según los economistas del Refor, otro aspecto de la directiva a tener en cuenta es su apuesta por que los profesionales que intervienen en este tipo de procedimientos operen con códigos deontológicos que garanticen buenas prácticas, y se detecten posibles amenazas a principios fundamentales a los que se aplican un conjunto de normas y salvaguardas.
A este respecto, el presidente del Refor Alfred Albiol ha anunciado la aprobación por parte del Refor de un nuevo código ético de actuación del economista forense, en el cual "se identifican principios fundamentales que debe cumplir el profesional, como son la lealtad, la integridad y la diligencia, la competencia y el desarrollo profesional, la objetividad, la independencia e imparcialidad, y la confidencialidad y la responsabilidad".
PROPUESTAS: ALERTA TEMPRANA, PREVENCIÓN Y SEGUNDA OPORTUNIDAD
Como propuestas plantean promover la alerta temprana de insolvencias a través de un "test de solvencia" que señale al deudor en qué punto se encuentra con respecto a una situación de insolvencia a través una serie de elementos objetivos de cumplimiento, como cuotas de AEAT, TGSS, pago puntual de salarios, días de pago a proveedores, días de cobro a clientes, y de su evolución en los últimos tres ejercicios.
También piden la aplicación de diversas ratios para la prevención y alertas tempranas de la insolvencias como la ratio de solvencia, ratio de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de tesorería, ratio de apalancamiento financiero y ratio de calidad de la deuda, así como extender los procedimientos de reestructuración a pymes y 'startups', e incluir en los mismos también a las personas físicas: autónomos y emprendedores.
Otra propuesta de mejora pasa por aplicar y desarrollar la segunda oportunidad para personas físicas y empresarios en consonancia con lo expuesto en el artículo 2 de la directiva de insolvencia en el que se define al empresario de forma amplia como "toda persona física que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional", sin establecer tantas limitaciones.
A juicio de los economistas, cualquier plan de reestructuración debe estar, como mínimo, validado por un profesional experto en reestructuraciones (nueva figura profesional que impulsa la directiva de insolvencia), y debería quedar bien definido el término de insolvencia inminente y acotado en el tiempo para marcar mejor el acceso a los marcos de reestructuración, pues actualmente es "demasiado genérico e indeterminado". A este respecto, ve un buen plazo dos años.
Por último, pide fijar un procedimiento de resolución de la insolvencia más empresarial, menos formalista, más rápido y económico con mayor facilidad para incluir al crédito público (Hacienda Pública y Seguridad Social) en los acuerdos de refinanciación, segunda oportunidad e insolvencia.
