VALENCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
Hoy entra en vigor la obligación de ceder suelo protegido en todos los PAI reclasificatorios, ya que con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana todos los programas urbanísticos y planes generales que impliquen reclasificación de suelo rústico a urbanizable, tendrán que ceder a la Administración el mismo volumen de suelo que se pretenda reclasificar.
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, afirmó hoy que "entra en vigor una medida pionera que obliga a los promotores a ceder parte de la plusvalía de la sociedad y cuyos principales beneficiarios serán los municipios", informaron fuentes de la Generalitat.
La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2006 generaliza así una medida "concreta y palpable", de carácter "ambientalista", prevista en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) para garantizar la "sostenibilidad del territorio" de la Comunidad Valenciana, añadió Blasco.
Así, subrayó que el "metro por metro (un metro de suelo protegido por un metro de suelo reclasificado) se sustenta en el principio del 'consumidor-contribuyente', es decir, el consumo de los principales recursos naturales, como son el agua, el suelo o la masa forestal, "ha de compensar al conjunto de la sociedad mediante la cesión de suelo protegido".
Esta medida se complementa con el Fondo de Equidad Territorial también previsto en la LOTPP, que obliga a los municipios que consuman más suelo, agua o energía a financiar proyectos de restauración paisajística, señalaron las mismas fuentes.
Rafael Blasco explicó que del "metro por metro" quedarán exentos los programas urbanísticos que incluyan reclasificación de suelo para la construcción de vivienda protegida, con el fin, dijo, "de hacer accesible una vivienda social y de calidad para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".
El objetivo de esta medida, apuntó, es "distinguir entre, por un lado, la reclasificación de suelo para la promoción de viviendas de renta libre, a partir de un legítimo ánimo de lucro; y, por otra parte, la generación de suelo destinada a VPO, que los poderes públicos tienen la obligación de potenciar".
Este conjunto de medidas innovadoras impulsadas por el Gobierno valenciano se integran en un nuevo marco jurídico para la protección del territorio, formado por 10 nuevas leyes, de las que cuatro ya han sido aprobadas por las Cortes Valencianas (Ley del Suelo No Urbanizable; Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje; Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana y Ley Urbanística Valenciana), concluyeron las mismas fuentes.