Los afectados por el caos de El Prat tienen un mes para ceder sus derechos y acciones a AENA

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos aquellos pasajeros que se vieron afectados por el caos vivido en el aeropuerto de El Prat el pasado 28 de julio tienen desde hoy un mes para ceder de forma voluntaria sus derechos y acciones en relación con estos incidentes a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Si lo hacen, se acogerán a lo dispuesto por el Consejo de Ministros la pasada semana, que acordó adelantar 250 euros de indemnización para los afectados y ejercerá "todas las medidas legales a su disposición" para exigir "el abono de las cantidades correspondientes a los responsables de la situación creada". Paralelamente, el proceso judicial que investiga la crisis de El Prat sigue su curso. Hoy el juzgado de instrucción número uno de la localidad barcelonesa solicitó al Congreso la transcripción de la comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, del pasado mes de agosto.

En todo caso, esta cesión de derechos y acciones es totalmente voluntaria, y los afectados pueden no acogerse a ella y reclamar sus derechos de forma individual. Aunque el Ejecutivo advierte que el planteamiento directo de las demandas a las compañías aéreas por los afectados, "dado su número y cuantía global previsible, la diferente relación de las compañías con los incidentes y su posible diversa actitud ante las reclamaciones, podría dar origen a largos y complicados procesos", que ocasionasen a los afectados "costes difíciles de asumir por muchos de ellos".

A través de esta cesión de acciones y derechos, AENA se encargará de "facilitar el ejercicio de las reclamaciones" de los pasajeros afectados por la suspensión de actividades en El Prat el 28 de julio, indica el acuerdo, y añade que la entidad ejercerá "todas las medidas legales a su disposición" para hacer efectivos los derechos y acciones que le hayan cedido los pasajeros.

Así, los afectados pueden ceder sus derechos y acciones a AENA para su ejercicio "ante quien se estime responsable", a cambio de recibir de AENA, tras unas comprobaciones sumarias, las cantidades que se establecen en el acuerdo, que ascienden a 250 euros por cancelación de vuelo y 180 euros por pérdida o destrucción del equipaje facturado, "siempre que se hubiera formulado la pertinente reclamación".

LAS LISTAS, EN EL BOE

Estas medidas se aplicarán a los pasajeros con título de transporte y reserva confirmada en vuelos comerciales con salida de Barcelona entre las 6:30 horas del 28 de julio y las 24.00 horas del 29 de julio, así como a los procedentes de otros aeropuertos con destino al de Barcelona en vuelos cuya hora programada de llegada estuviera comprendida dentro de dicho intervalo de tiempo. En el BOE de hoy se ha publicado la lista de vuelos que pueden acogerse a estas medidas.

Hasta finales de la semana pasada, el Ministerio de Fomento había tramitado 20.623 reclamaciones mediante el dispositivo especial establecido desde el 1 de agosto. En todo caso, el Gobierno quiere dejar claro que esta cesión de derechos y acciones a AENA "no supone en ningún caso el reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de la misma, por el Estado o cualquiera de sus organismos o entidades, por los sucesos ocurridos el 28 de julio", cuando se produjo la huelga salvaje de los empleados de 'handling' de Iberia.

PROCESO JUDICIAL

Una huelga contra la que se sigue un proceso judicial en el juzgado de instrucción número uno de El Prat de Llobregat por presuntos delitos contra la seguridad aérea y detención ilegal. En el marco de este proceso el juzgado solicitó hoy al Congreso de los Diputados la transcripción de la comparecencia de la ministra de Fomento en la Cámara Baja el pasado 10 de agosto para dar explicaciones sobre la crisis del aeropuerto barcelonés.

En esta comparecencia, Álvarez anunció la apertura de un expediente administrativo sancionador contra Iberia, a la que acusó de cometer "una infracción administrativa muy grave, de conformidad con la ley 21/2003 de Seguridad Aérea". Además la titular de Fomento anunció que desde el Ministerio de Fomento se emprenderían acciones legales "para exigir responsabilidades a todas las personas implicadas".