MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ratificó hoy la estrategia española de seguridad y salud laboral, en la que se contemplan más de un centenar de medidas para reducir los accidentes laborales en España hasta niveles europeos. De hecho, a través de esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo espera rebajar la siniestralidad laboral hasta un 30% en cinco años.
Según destacó el Departamento de Jesús Caldera en un comunicado, con la presentación de esta estrategia se cumple el compromiso que efectuó en su investidura el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de elaborar un plan de lucha contra la siniestralidad.
La estrategia, que comenzó a gestarse hace algo más de dos años en la mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales, ha recibido el apoyo de sindicatos, empresarios y comunidades autónomas, así como de todos los agentes implicados en esta materia.
La estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012 constituye el instrumento para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo.
En la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que es la primera vez que se elabora una estrategia de "esta amplitud y envergadura" y subrayó que la preocupación por la seguridad y salud en el trabajo "es una de las prioridades de la política laboral del Gobierno".
En línea con la estrategia europea de salud y seguridad laboral, la iniciativa española trata de dotar de coherencia y racionalidad las actuaciones en prevención de riesgos para reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo.
La estrategia española contiene más de un centenar de medidas que actúan sobre la educación, la formación, la I+D+i y la salud, y que persiguen concienciar a la sociedad de la necesidad de prevenir los riesgos laborales. Asimismo, contempla medidas para empresas, trabajadores y servicios preventivos, y tiene la vocación de llevar a las pymes la prevención de riesgos laborales de manera fácil y eficaz.
Así, se simplifica la documentación a cumplimentar por las pequeñas y medianas empresas, a las que se facilitará asistencia pública para la organización de actividades preventivas. Además, a las empresas que tengan un menor índice de siniestralidad laboral se les aplicará una reducción en sus cotizaciones sociales.
En este sentido, habrá programas específicos de control y vigilancia de empresas y actividades con altos índices de siniestralidad, y también se pondrán en marcha planes concretos para garantizar la efectividad de la prevención de riesgos entre los trabajadores autónomos.
La estrategia, que ahora se desarrollará mediante un plan de acción que verá la luz en julio, incrementará los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y dará lugar a la creación de una Comisión Técnica-Mixta como órgano de cooperación y colaboración de las actuaciones y políticas públicas en materia de prevención de riesgos de todas las administraciones públicas.
'PLAN RENOVE'
La iniciativa contempla también la puesta en funcionamiento de un 'plan renove' de equipos de trabajo obsoletos en aquellos sectores donde los datos de siniestralidad aconsejen la modernización de la maquinaria.
En los convenios colectivos de ámbito sectorial se negociará la creación de órganos específicos sectoriales, formados por representantes de los empresarios y los trabajadores, que desarrollarán programas con el objetivo de divulgar e informar sobre los riesgos profesionales del sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre 6 y 50 trabajadores, que no cuentan con representación sindical.
La estrategia plantea además la realizarán de campañas de concienciación y sensibilización social de forma constante y permanente (anualmente habrá una campaña de ámbito estatal), y la presentación pública y periódicamente de los datos sobre siniestralidad laboral, mejorando la información y haciéndola comparable con la información procedente de la Unión Europea.
Se creará además un Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo y una red de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos y se reformará y reforzará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para potenciar su función investigadora.
