MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está estudiando la ampliación del periodo de cuatro años para que las empresas privadas incorporen a un 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración, después de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) al proyecto de Ley de Igualdad y las críticas de los empresarios.
Así lo explicó hoy la secretaria general de Políticas de Igualdad Soledad Murillo, durante su participación en el Seminario Permanente que organiza Euroforum. "Vamos a pensar lo de los Consejos de Administración de forma que lo podamos modular de forma más real", dijo.
El anteproyecto de Ley de Igualdad recoge que los Consejos de Administración tendrán que incorporar un 10 por ciento de mujeres durante cuatro años a sus consejos de administración. Sin embargo, el Ejecutivo estudia ahora dar una respuesta más factible a esta medida después de las advertencias de que es más adecuado adaptarse a los propios plazos de renovación de estos órganos. Lo más probable, por tanto, es que se amplíe el plazo para alcanzar esta representación.
COMPARECENCIAS EN EL CONGRESO
El texto está a la espera de recibir el dictamen del Consejo de Estado, después de haber sido informado por el CES y el Consejo General del Poder Judicial, y está prevista su aprobación en el mes de junio. El Gobierno quiere que se produzcan comparecencias de expertos en el Parlamento durante unos tres meses, con lo que prevé su entrada en vigor a principios del próximo año.
Por otro lado, Murillo apuntó otras modificaciones del texto que el Gobierno dejará ya a la tramitación parlamentaria. En este sentido, reconoció que tal y como está redactada la norma en la actualidad en relación a las listas electorales (representación 40/60 de ambos sexos) puede perjudicar al número de diputadas. Diversas organizaciones feministas han puesto de manifiesto la necesidad de que esta representación sea 'cremallera' es decir que en cada puesto se alternen los sexos. En la misma línea, también se podría modificar la limitación de paridad a los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Por otro lado, Murillo reconoció a directivos de diversas empresas que la obligación de negociar planes o medidas de igualdad, que contempla la futura normativa es una "decisión política". No obstante, precisó que se trata "simplemente" de negociar estos planes o medidas, sin estar ligados a resultados. "Es un plan o medida elaborado a la talla de la empresa, de acuerdo con los objetivos que ésta quiera alcanzar --comentó--. No se trata de empleo protegido ni de hacer favores".
La secretaria general de Igualdad también se refirió al permiso de paternidad independiente de ocho días que recoge la norma. En este sentido, reconoció que no existe demanda del mismo, pero que la intención del Ejecutivo al incluirlo es crear esa demanda. "Tenemos planteado un permiso muy modesto --añadió--. Algunos partidos políticos y organizaciones nos han dicho que es escaso y poco eficiente. Nosotros hemos pensado que era un permiso viable".
