Economía/PGE.- El Gobierno retoma esta semana los contactos parlamentarios para evitar enmiendas a la totalidad

Actualizado: lunes, 2 octubre 2006 14:14

Hacienda asegura que no modificará la metodología de cálculo de la inversión en Cataluña, pero admite que la cifra final puede cambiar


MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, retomará esta semana los contactos con los portavoces de los principales grupos parlamentarios para intentar alcanzar posibles acuerdos sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2007 y evitar que prospere alguna enmienda de totalidad, que supondría la devolución al Gobierno de las cuentas del próximo año.

En principio, está previsto que el equipo económico se reúna el miércoles con representantes de ERC e IU-ICV y que el jueves mantenga encuentros con CiU, PNV, Coalición Canaria y BNG.

Tras unos primeros encuentros que fueron calificados por el propio Solbes como "preliminares", la semana que entra será clave para ver los apoyos que puede cosechar el Ejecutivo a los terceros Presupuestos de la legislatura, toda vez que tanto CiU como ERC no descartan, de momento, presentar enmiendas de totalidad, debate que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en el Congreso.

Si cualquiera de estos grupos diera su apoyo a la enmienda de totalidad que presentará el PP o viceversa, las cuentas del próximo año podrían ser rechazadas, lo que constituiría un importante varapalo para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno no tienen aún asegurado ningún apoyo concreto.

Con este escenario de fondo, fuentes de Hacienda indicaron a Europa Press que el Gobierno trabaja con la hipótesis de que si, finalmente, estos grupos deciden presentar enmiendas de totalidad, sus votos no se unan a los del PP para rechazar los Presupuestos del próximo año y se abstengan en la votación de la enmienda de los 'populares'.

Así las cosas, el principal escollo que ha encontrado el Gobierno para conseguir el apoyo de CiU y ERC es la inversión en infraestructuras que debe recibir Cataluña en virtud del nuevo Estatuto, que contempla para esta comunidad el porcentaje del 18,8% del total de inversiones del Estado.

Según la metodología aplicada por el departamento de Solbes, Cataluña recibirá el próximo año 3.195 millones de euros en concepto de inversiones en infraestructuras territorializables, cifra que tanto CiU como ERC consideran que no cumple lo establecido en el Estatut porque se queda por debajo del importe que realmente debe recibir, y a la que vinculan su apoyo o rechazo a las cuentas del próximo año.

Fuentes de Hacienda dijeron a Europa Press que el Gobierno no está dispuesto a negociar la metodología de cálculo con ambos grupos para conseguir su respaldo a los Presupuestos, ya que, según afirman, se ha hecho respetando escrupulosamente lo establecido en el Estatuto, pero admiten que la cifra podría modificarse si, fruto de la negociación de enmiendas parciales, se elevan las inversiones totales en infraestructuras.

Además, explican que el Ejecutivo no está cerrando en banda a negociar una partida superior para el rescate de peajes en Cataluña, lo que también elevaría el importe que finalmente recibirá esta comunidad.

APOYO DE OTROS GRUPOS.

Lo que parece más despejado tras los primeros contactos mantenidos es el previsible apoyo de IU-ICV, PNV, CC y BNG, grupos que parecen haber descartado presentar una enmienda de totalidad y cuyos votos, unidos a los del PSOE, bastarían para sacar adelante los Presupuestos de 2007.

Mientras los nacionalistas vascos no ocultan que su respaldo a las cuentas del próximo año estará condicionado por la voluntad del Gobierno de cerrar un acuerdo satisfactorio en la renovación del Cupo vasco, IU-ICV reclama al Ejecutivo un mayor esfuerzo en materia de gasto social, dependencia, inmigración, medio ambiente y defensa del municipalismo.

Por su parte, BNG quiere que los Presupuestos de 2007 contemplen un aumento del 8% de las inversiones en Galicia, y Coalición Canaria condiciona su respaldo a que el Estado central haga frente de forma decidida al reto de la inmigración, con nuevas ayudas para afrontar la continua llegada de inmigrantes a las costas canarias.