Estafa Filatélica.- Sanidad da un plazo de diez días para alegar el Anteproyecto de Ley de empresas de Bienes Tangibles

Actualizado: miércoles, 7 febrero 2007 19:22

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El debate mantenido hoy durante la Conferencia Sectorial de Consumo sobre el Anteproyecto de Ley de regulación de las empresas de bienes tangibles se saldó con la apertura de un nuevo plazo de díez días para la presentación de alegaciones al texto por parte de las Comunidades Autónomas, que en caso de aprobarse la Ley, ostentarán la competencias.

En la reunión, el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó a los consejeros de Consumo de las Comunidades Autónomas el borrador de anteproyecto de Ley que regulará los aspectos de protección de los consumidores y usuarios en la relación con las empresas que comercializan bienes tangibles.

Este texto, que fue presentado por Elena Salgado en Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre, tiene el objetivo de aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos ante la adquisición de estos bienes, ofreciendo a la vez una mejora de los mecanismos de información, publicidad y control de estas actividades.

Entre las medidas más destacadas, se incluye la obligatoriedad de que las comunicaciones comerciales que realicen estas empresas dejen claro que la naturaleza de estos bienes es "no financiera", por lo que no podrán utilizarse expresiones como inversión, ahorro o rentabilidad que induzcan a confusión e los clientes.

A su vez, la información precontractual deberá ser comprensible, veraz y suficiente y, en aquellos casos que se realice una promesa de revalorización, los contratos se formalizarán mediante escritura pública ante notario, momento en el que la empresa deberá haber acreditado que ha suscrito un seguro o cualquier otra garantía prestada por entidades bancarias que garantice al consumidor el precio de adquisición inicial del bien objeto del contrato.

El Grupo de Trabajo de Normativa de la Comisión de Cooperación de Consumo presentó, el pasado 1 de febrero, un informe en el que alegaba "no compartir" el planteamiento del anteproyecto presentado por la Ministra de Sanidad y Consumo.

En el informe se considera que las actividades de estas empresas "deberían regularse desde la perspectiva económica" con la finalidad de aplicar los requisitos de control de esta actividad, mantener las reglas de transparencia y proyectar una regulación que se extienda a una legislación de protección de los consumidores.

Según detalla el texto, la actividad de estas empresas se basa en "una captación de ahorro/inversión, instrumentalizada mediante la comercialización de bienes, que nada tiene que ver con las actividades reguladas desde la perspectiva de la protección de los consumidores y usuarios" por lo que deberían estar sometidas "al control de las administraciones públicas competentes en la materia".