MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aumentará el año que viene un 25% la inversión en investigación y desarrollo (I+D), hasta los 6.100 millones de euros, y un 6,4% la inversión en infraestructuras, hasta los 13.675 millones de euros, según informó hoy el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.
En un desayuno informativo, Ocaña explicó que esta decisión se enmarca en la intención del Ejecutivo de reorientar la política de gasto público hacia unas inversiones más productivas, es decir, "hacia aquellas partidas de gasto que tienen más posibilidades de aumentar la productividad de la economía".
Así, las decisiones en materia de gasto que el Ejecutivo pondrá en práctica en 2007 estarán marcadas por la "contención", ya que el Gobierno pretende que el gasto público crezca a un ritmo similar al del Producto Interior Bruto (PIB) nominal.
El secretario de Estado indicó además que los compromisos de gasto en infraestructuras tienen unos efectos "lentos" en la economía, por lo que las ventajas del incremento de la inversión en I+D, infraestructuras y becas no pueden ser cuantificadas por el momento.
En relación con las previsiones de crecimiento sobre la economía española, Ocaña vaticinó que el PIB crecerá a un ritmo similar al del año pasado, en torno al 3,5%, y precisó que "las perspectivas de inflación se han deteriorado" a partir del repunte reciente de los precios del petróleo, que ha vuelto a batir récord al superar los 70 dólares por barril de crudo.
Ocaña subrayó como otro de los principales problemas de la economía española el incremento del déficit de la balanza por cuenta corriente, que representa a su juicio un "síntoma de que el modelo de crecimiento no corresponde con la forma adecuada", ya que está especializado en sectores productivos de bajo valor añadido.
No obstante, aseguró que la economía española cuenta con elementos positivos, como el ritmo fuerte de crecimiento, un modelo productivo que por el momento no ha deja de ser satisfactorio y el saneamiento de las finanzas públicas, que se pone de manifiesto en el superávit del 1,1% del PIB registrado en 2005.
ESTATUT
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos también aseguró que "el Estatut no prejuzga el resultado de las negociaciones" sobre el nuevo marco de financiación autonómica, y prevé que el Gobierno haya diseñado su propuesta para el nuevo ordenamiento a finales de este año.
Ocaña apuntó que lo que está decidido e incluido en el Estatut "es relativamente poco", y precisó que la reforma del marco de financiación autonómica tendrá lugar en una "negociación multilateral" que aún no se ha iniciado. "El detalle hay que fijarlo en el futuro", aseveró.
Preguntado por los periodistas sobre la fecha en que entrará en vigor el nuevo marco de financiación autonómica, Ocaña replicó que la entrada en funcionamiento de esta nueva ley no depende sólo del Gobierno, ya que se buscará un pacto con cada uno de los gobiernos autonómicos.
El responsable de Hacienda y Presupuestos insistió en que la intención del Ejecutivo consiste en la creación de "entornos fiscales propios", pero desestimó la idea de crear diecisiete agencias tributarias independientes para cada una de las comunidades autónomas.
Ocaña explicó que algunos impuestos seguirán siendo competencia de la Agencia Tributaria nacional, mientras que el Gobierno pretende crear "consorcios" para la recaudación de los impuestos que se comparten con la Administración nacional. Este sistema permitirá una mayor responsabilidad en la gestión del gasto, ya que, como recordó Ocaña, por cada euro que gasta la Administración, las comunidades autónomas gastan 2,5 euros.
Además, el responsable de Hacienda y Presupuestos avanzó que el nuevo marco de financiación autonómica mantendrá el principio de solidaridad, que garantizará que todos los ciudadanos de todas las comunidades autónomas tengan acceso a un conjunto de servicios mínimos.