BRUSELAS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea dio ayer a España de plazo hasta el próximo 19 de enero para retirar las nuevas condiciones impuestas por el ministerio de Industria el pasado 3 de noviembre a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa. Bruselas considera que estas condiciones vulneran los principios de libre circulación de capitales y mercancías y la libertad de establecimiento. Además advierte que las principales perjudicadas por el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte del Gobierno español podrían ser las empresas españolas que compran otras compañías en el extranjero.
Las nuevas condiciones que Bruselas considera ilegales son, en concreto, la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de 5 años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
La decisión del Ejecutivo comunitario es jurídicamente vinculante y puede ser invocada por las empresas ante los tribunales nacionales.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, aseguró que nadie debe dudar del compromiso del Ejecutivo comunitario de garantizar que las empresas europeas puedan funcionar en condiciones de competencia equitativas en beneficio de los consumidores, de las empresas y de la economía de Europa en su conjunto.
Bruselas ya declaró de manera preliminar ilegales el pasado 29 los nuevos requisitos del ministerio de Industria del 3 de noviembre y dio a las autoridades españolas hasta el 13 de diciembre para presentar su defensa. Aunque el ministerio de Industria informó que había enviado su respuesta ese mismo día, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, desveló que el escrito llegó a la Comisión el 15 de diciembre.
El Ejecutivo comunitario asegura que las principales perjudicadas por el incumplimiento de la legislación comunitaria por parte del Gobierno español podrían ser las empresas españolas que compran otras compañías en el extranjero. "Las autoridades españolas no pueden esperar que otros Estados miembros respeten la legislación comunitaria en beneficio de las empresas españolas si sientan un mal ejemplo", subrayó Todd.
LAS OTRAS CONDICIONES
Finalmente, Bruselas ha decidido no declarar ilegales "en esta fase" las condiciones modificadas que requieren que cualquier adquisición de participaciones en el capital social de Endesa esté sujeta a las normas aplicables del ordenamiento jurídico español y que Endesa cumpla todas las obligaciones existentes referentes a la gestión de las centrales nucleares.
Las condiciones modificadas en cuestión no imponen, según la Comisión, ninguna obligación adicional que no esté ya prevista en la legislación española general y las autoridades españolas han ofrecido garantías explícitas de que la autorización condicional concedida a E.ON no podría revocarse en caso de violación de la misma.
Por último, la Comisión ha tomado nota de que el ministro español no ha modificado, sino simplemente aclarado, la condición impuesta por la CNE por lo que se refiere a los requisitos de suministro de gas.
CUARTO AVISO A ESPAÑA
Se trata de la cuarta vez que el Ejecutivo comunitario actúa contra España por obstaculizar indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa en un procedimiento que se complica y se hace cada vez más enrevesado. Antes, Bruselas inició un expediente contra el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, declaró ilegales 18 de los 19 requisitos impuestos por la CNE, y lanzó otro procedimiento por la tardanza del Gobierno en retirar estas condiciones.
En paralelo, se mantiene abierto el expediente que lanzó Bruselas por considerar que el Gobierno español no había retirado a tiempo las condiciones de la CNE que fueron declaradas ilegales por Competencia el pasado 26 de septiembre. Este procedimiento sigue en marcha porque Bruselas cree que la decisión del ministerio de Industria no ha modificado o sólo lo ha hecho "ligeramente" la decisión de la CNE.
Después de Navidad decidirá si lleva a España ante el Tribunal de Justicia por este caso.
