Economía/Energía.- Bruselas abre dos expedientes más contra España por no liberalizar los mercados de gas y electricidad

Actualizado: martes, 4 abril 2006 17:18

BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea abrió hoy dos nuevos procedimientos de infracción contra España por aplicar mal las directivas comunitarias que liberalizan los mercados del gas y la electricidad. Los dos expedientes tienen su origen en la presentación de denuncias por parte de empresas que se han visto perjudicadas por la legislación española, aunque el Ejecutivo comunitario no quiso revelar su identidad por razones de confidencialidad.

En el caso de la electricidad, el expediente contra España se refiere a la existencia de precios regulados que bloquean la entrada de nuevas empresas en el mercado. Por lo que se refiere al gas, Bruselas censura la separación legal insuficiente entre las redes de distribución y los proveedores de gas que también dificulta el libre acceso de competidores.

Además, Bruselas mantiene sus denuncias contra España y Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentadas el año pasado, por no haber comunicado las medidas nacionales que han tomado para aplicar estas directivas.

El objetivo de las dos normas es garantizar que las industrias puedan elegir su proveedor de gas y electricidad desde el 1 de julio de 2004, y los consumidores a partir de julio de 2007. La Comisión considera que son directivas "esenciales" para que haya en Europa un mercado de la energía genuinamente competitivo que repercuta en la reducción de los precios de la energía, la mejora de la seguridad de abastecimiento y el aumento de la competitividad.

Por ello, el Ejecutivo comunitario lanzó hoy un total de 28 escritos de requerimiento a 17 Estados miembros con el fin de garantizar la conformidad de las normas legales aprobadas por los Estados miembros para la transposición de las directivas. Además de España, se trata de Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido.

Además, el Ejecutivo comunitario sigue examinando la conformidad de las legislaciones de Portugal y Hungría.