MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) arremete en un informe acerca de la transposición de la directiva de servicios de la UE al sector eléctrico contra la política del Gobierno en materia de energías renovables, carbón y tarifas reguladas, que califica de "incongruente" y a la que atribuye "distorsiones" en el mercado.
Para el regulador, existen "aspectos restrictivos para la competencia" en la normativa analizada que son "injustificados". Por este motivo, considera adecuado aprovechar que el Gobierno trabaja en la transposición de la directiva 2006/123 de la UE a través de la Ley Ómnibus para "modificar o suprimir" algunos aspectos de la legislación.
Entre las políticas criticadas por Competencia, figura la "intervención pública en materia de subvenciones, bonificaciones y demás ayudas" a tecnologías como las renovables, que ocasionan "una gran parte de las distorsiones regulatorias".
Estos incentivos, asegura, podrían haber dado origen a un "estímulo excesivo a la inversión en ciertas tecnologías a costa de otras con menor coste de producción que se han visto desplazadas por las tecnologías subvencionadas". El Gobierno, indica, se ha mostrado "sensible" a este sobrecoste al imponer cupos máximos al desarrollo de proyectos renovables.
En cuanto al carbón, pide "que las distintas medidas de fomento de determinadas tecnologías de producción sean coherentes entre sí". Si el objetivo de las primas a las renovables es reducir daños medioambientales, "no resulta congruente" que se "proteja de manera ineficiente la producción mediante tecnologías de alto impacto medioambiental que emplean el carbón autóctono como 'input'", señala.
Por otro lado, considera que la configuración actual de la Tarifa de Último Recurso (TUR) "puede impedir que el mecanismo de mercado sea verdaderamente efectivo". La fijación de esta tarifa puede "dificultar" la aparición de ofertas por parte de comercializadoras en el mercado libre, afirma.
"CARÁCTER COYUNTURAL".
Competencia lamenta que "la regulación del sector eléctrico haya estado caracterizada en los últimos años por un carácter excesivamente coyuntural en la adopción de medidas parciales", lo que ha dado como resultado un modelo en el que "la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo se está viendo comprometida".
El organismo presidido por Luis Berenguer pide además que se eviten medidas de "limitado alcance" que generen "nuevas distorsiones al libre funcionamiento del mercado y contribuyan a incrementar la incertidumbre regulatoria".
En suma, el sector energético requiere un marco regulatorio "integral, coherente y favorecedor de la competencia". La regulación "procompetitiva", sostiene, es especialmente necesaria en un sector como éste, intensivo en inversiones y en pleno proceso de liberalización.
ACTIVOS NUCLEARES E HIDRÁULICOS.
Por otro lado, la CNC aprecia una "clara barrera" en la toma de control por parte de nuevos agentes de recursos hidráulicos y nucleares. Este obstáculo se debe a "actuaciones administrativas que son otorgadas durante un plazo prolongado y son prorrogadas a favor de los antiguos titulares de la concesión".
En este sentido, recuerda que el real decreto 849/1986 fija un plazo máximo de duración de la concesión de 75 años, sin aclarar si este plazo puede ampliarse tras el vencimiento ni las condiciones de la eventual prorrogación.
El informe de Competencia responde a una solicitud de análisis remitida por el Ministerio de Industria el pasado 15 de octubre, en la que se le instaba a estudiar los reales decretos reformados con trámite de urgencia.
