La Comisión reitera que este tipo de subvenciones deben terminar en 2010
BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -
España es el segundo país de la Unión Europea que da más ayudas al carbón, una media de 141,3 euros por tonelada en 2006, sólo superado por Alemania (144 euros) y por delante de Hungría (108,6 euros). Los costes de producción de los tres países ascienden a más del doble del precio medio del carbón importado (60 euros), lo que hace que sus minas "no sean competitivas estructuralmente en el mercado mundial", según un informe de la Comisión hecho público hoy.
La industria del carbón española, que emplea a 12.100 personas, recibió subvenciones públicas por valor de 297 millones de euros en 2003, 285 millones en 2004, 274 millones en 2005, y 393 millones en 2006 (esta última partida todavía no ha sido autorizada por el Ejecutivo comunitario). La producción total ascendió a 12 millones de toneladas. La electricidad producida a partir de este carbón representa el 4% del total.
El Ejecutivo comunitario señala que las minas de España --junto con las Alemania y Hungría, y también las de Bulgaria y Rumanía-- tienen "pocas posibilidades de mantenerse con vida sin estas ayudas al funcionamiento".
"El éxito del proceso de reestructuración parece limitado, porque los costes de producción sólo se han reducido ligeramente, cuando no han aumentado. En estos países, los progresos que podrían realizarse en materia de eficacia en las minas de carbón parecen haber alcanzado sus límites", apunta el informe.
En contraste, las minas de Polonia, Gran Bretaña y Eslovaquia son más o menos competitivas en el mercado mundial. Estas minas reciben únicamente subvenciones para nuevas inversiones o para reducir las cargas heredadas del pasado. Francia, Italia y República Checa han dejado de dar ayudas públicas a las minas en explotación.
España ha concedido también subvenciones para el cierre de minas: 272 millones de euros en 2003; 255 millones en 2004; 239 millones en 2005 y 120 millones en 2006. En el periodo de 2003 a 2006 ha cerrado ocho unidades de producción y se ha comprometido a cerrar otras 9 antes de finales de 2007. La Comisión considera que las autoridades españolas no están cumpliendo este compromiso y están siguiendo de cerca la situación.
A las ayudas al funcionamiento y las subvenciones para el cierre hay que sumar los fondos que ha suministrado España para reducir las cargas heredadas, unos 2.290 millones de euros entre 2003 y 2006.
El Ejecutivo comunitario ya ha dado luz verde a los planes de acceso a las reservas de carbón y a los planes de cierre de minas de todos los Estados miembros hasta 2010, salvo los casos de España y Rumanía que se encuentran en estos momentos en curso de evaluación.
A la industria del carbón se le aplican normas especiales relativas a las ayudas estatales desde la expiración del Tratado europeo del carbón y del acero en 2002. Con el objeto de facilitar la continuación de la reestructuración del sector, improductivo durante muchos años en la mayoría de los Estados miembros, estas normas establecen una excepción a la prohibición general de conceder ayudas estatales.
Estas normas expirarán al final de 2010 y a partir de ese momento se aplicará al carbón la legislación general que prohíbe las ayudas públicas. En el informe hecho público este lunes, Bruselas concluye que no es necesaria una prórroga de estas normas.
