Considera que las ayudas se han reducido a la mitad
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Estado está ingresando el doble que hace 10 años por la factura eléctrica gracias al carbón español, que, sin embargo, "recibe la mitad de las ayudas, ya que el 50% de las instalaciones mineras de carbón han reducido o cerrado su producción", según considera el responsable de Política Energética del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), Rafael Varea.
Según las estimaciones del Colegio, en 1998 la factura del consumo total eléctrico en España ascendía a dos billones de pesetas de entonces, mientras que actualmente la cifra es el equivalente a más de cuatro billones de pesetas, siendo el impuesto el mismo, el 4,86% del consumo de cada usuario.
En un comunicado, Varea consideró que la subvención al carbón "la pagan todos los consumidores en la tarifa eléctrica desde 1998", y recordó que la calidad del mineral también repercute en el precio final. "Los de peor calidad cuestan menos y los de mejor calidad cuestan más, ya que los conceptos volátiles, cenizas y poder calorífico se reflejan en la fórmula por la que se paga el carbón", añadió.
Así, señaló que las subvenciones al carbón "es un negocio para Hacienda que pagan todos los españoles", ya que en 1998 las ayudas anuales suponían "unos 600 millones de euros y ahora, por la reducción del sector, estas ayudas son de unos 300 millones de euros".
Por su parte, precisó que Hacienda ingresa más de 1.200 millones de euros debido al impuesto del recibo de la luz del 4,86% que pagan los consumidores.
Además, Varea recordó que la Comisión Europea ha prorrogado hasta el 2018 las ayudas al carbón a países como Alemania, Polonia, Chequia, España y Rumania. "Eso es debido a que es nuestro único recurso autóctono como europeos", señaló, añadiendo que "el carbón seguirá en España porque hay carbón para más de 200 años".
Respecto a la contaminación del carbón, Varea insistió en que la UE es quien regula la cuestión y que todas la centrales españolas se han tenido que adaptar, desde 2008, a la norma europea y dotar sus instalaciones con plantas de desulfuración y desnitrificación "para cumplir con los límites que impuso la UE en su Directiva de emisiones.
