MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el centro internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, haya fallado a favor de la firma Eiser Infraestructure y en contra del Estado español.
El laudo, indica Anpier en una nota de prensa, da la razón a la firma británica frente a los "drásticos recortes retroactivos" impuestos por el Gobierno español en las "sucesivas reformas del marco regulatorio" a la producción de energía renovable.
Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue "la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional" y que, "muy probablemente", recibirá también el resto de los fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.
"El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales", indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca.
Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el "atropello" sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado, según indica Anpier, "recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias".
Pese a todo, "el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones", señala, antes de resultar que ahora "una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado".
Este resarcimiento ha de producirse "con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor". añade.
