SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energía Eólica de Andalucía (Aprean), Mariano Barroso, calificó ayer como "buena señal" el desacuerdo al que han llegado los responsables estatales y regionales en la reunión mantenida en el día de hoy en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en materia energética en la que se ha analizado la asignación de potencia eólica entre las distintas comunidades, puesto que, a su juicio, significa que la Junta de Andalucía "está luchando" por los 4.000 megavatios que se recogen en el Plan Energético de Andalucía (Plean).
En declaraciones a Europa Press, Barroso, que definió como "muy selecta" la reunión entre ambas administraciones, precisó que "siguen apoyando el camino de la Junta y aún más si es camino es luchar por los intereses de Andalucía".
Así, reiteró que los 4.000 megavatios andaluces, que definió como "de pata negra", están "consensuados, hablados y pactados" con Red Eléctrica de España (REE) y con el resto de organismos correspondientes, de manera que "esa capacidad de generación de energía eólica ha de venir obligatoriamente a Andalucía".
Igualmente, se mostró preocupado porque, si todo sigue adelante, la primera perjudicada será la comunidad y agregó que "continuamente mantienen contacto telefónico con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa" y con el director general de Industria, Energía y Minas, Jesús Nieto González, para conocer la "última hora".
Una vez más insistió en que este conflicto es un "problema político y no técnico" y que la decisión está en el "tejado del departamento de José Montilla", de manera que los responsables políticos son los encargados de "ofrecer soluciones y luchar por los intereses de la comunidad", con objeto de no perder más de 2.000 millones de euros en inversión empresarial.
Por su parte, el Gobierno central expone como argumentos de esta reducción que las aspiraciones del conjunto de las autonomías españolas para el periodo 2006-2010 se han incrementado hasta los 36.000 MW de potencia instalada, lo que desbordaría la capacidad de absorción del sistema eléctrica. La pretensión del Gobierno es que no se instalen más de 20.000 megavatios, por lo que se deben exigir a las comunidades autónomas la asunción de recortes.
