Actualizado 27/07/2007 14:21 CET

Greenpeace recuerda al Principado que el complejo turístico de Verdicio (Asturias) es "ilegal"

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace recordó hoy al Gobierno del Principado de Asturias que el complejo turístico de Verdicio, en el concejo de Gozón, "es ilegal y su aprobación podría tener consecuencias penales", según señaló en un comunicado.

Greenpeace recordó que el proyecto para construir un campo de golf de 27 hoyos, dos hoteles y viviendas que "invade" el paisaje protegido del Cabo Peñas está pendiente de la decisión del Gobierno autonómico.

Por ello, la organización ha vuelto a reclamar a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, así como a la de Medio Ambiente y Desarrollo que "denieguen" la aprobación definitiva de la modificación parcial de las Normas Subsidiarias vigentes en Gozón, que permitiría la construcción de un complejo turístico en una superficie de 167 hectáreas de suelo no urbanizable, ubicadas en la parroquia de Verdicio.

La organización ecologista ha recordado a ambas consejerías que esta modificación urbanística supone "una vulneración de la jerarquía normativa, al infringir los preceptos de la Ley del Suelo del Principado, que obliga a preservar del proceso urbanizador los espacios sujetos a protección".

De igual forma, según Greenpeace, se vulnera lo dispuesto en las normas de protección europeas, estatales y regionales, ya que parte de los terrenos están incluidos en la Red europea Natura 2000.

La organización también ha recordado que la propuesta de urbanización y campo de golf "carece de justificación". Además, añade que el Ayuntamiento de Gozón "carece de las competencias necesarias para regular los suelos comprendidos en el espacio protegido de Cabo de Peñas".

Greenpeace señaló en el comunicado que "la vulneración de la obligación por parte de los poderes públicos de mantener los valores medioambientales tiene consecuencias penales". También ha recordado que, en casos similares a éste, la jurisprudencia es unánime en los últimos años, fallando siempre a favor de la protección del medio ambiente.

"El Gobierno del Principado tiene que ser claro y contundente ante un ejemplo tan evidente de especulación urbanística a costa de destruir el territorio", concluyó la organización.