El plazo para transponer la directiva venció el 3 de julio de 2017, hace ya 15 meses
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno por el que se traspone la normativa europea, conocida como MiFID II, para dar total transparencia y protección al inversor, con el respaldo del PP, el PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
La convalidación no ha encontrado ningún rechazo en la Cámara Baja, si bien Unidos Podemos-En Comú Podem, Compromís y EH-Bildu han optado por abstenerse. Todos los partidos, eso sí, han respaldado la tramitación de la norma como proyecto de ley para poder introducir cambios en la misma.
Esta trasposición debía haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español antes del pasado 3 de julio, hace ya 15 meses. De hecho, la Comisión europea ya interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento, con propuesta de sanción.
Durante su intervención, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, apeló en el Pleno del Congreso a la "responsabilidad y sentido de Estado" para la convalidación de este Real Decreto Ley, explicando que el Ejecutivo ha solicitado que se le aplique la vía administrativa de urgencia con vista de que su trasposición quede completada antes de final de año.
"Estamos poniendo todo de nuestra parte para dar seguridad y certidumbre a los agentes económicos, y así honrar a nuestros compromisos europeos, evitar sanciones a nuestro país y para reforzar la protección de los ciudadanos e inversores", argumentó la titular de la cartera económica del Gobierno para pedir a los partidos políticos que apoyaran el decreto.
Así, en líneas generales, la nueva norma permite reforzar la protección al inversor, incrementando el nivel de exigencia y concreción en las obligaciones de información al cliente, y el grado de control que se exige sobre cualquier circunstancia que afecte a los conflictos de interés de las empresas de servicios de inversión respecto al marco contemplado por MiFID I
NUEVAS FACULTADES DE SUPERVISIÓN A LA CNMV
MiFID II otorga nuevas facultades de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y concreta las obligaciones de cooperación entre este organismos, las autoridades nacionales supervisoras de la Unión Europea y la Agencia Europea de Mercados y Valores.
Entre sus principales novedades, se establece la obligatoriedad de que las empresas de servicios de inversión de terceros Estados tengan una sucursal en España cuando presten servicios de inversión a clientes minoristas en territorio nacional.
Por otro lado, se prohíben los incentivos o retrocesiones en la prestación del servicio de asesoramiento financiero por parte de las comercializadoras en la venta de productos generados por las gestoras, con el objetivo de mejorar la gestión y eliminar el conflicto de interés de la comercializadora a la hora de seleccionar los productos más adecuados para sus clientes. Solo estará justificada su percepción cuando mejore la calidad del servicio prestado al cliente y le beneficie.
El Real Decreto también establece la obligación de diseñar productos de conformidad con un proceso coherente y con una correcta identificación de clientes potenciales para asegurar que el producto es conveniente para el tipo de cliente al que se dirige, unos procedimientos que deberán ser aprobados por el propio consejo de administración. El análisis debe garantizar que, una vez definido el cliente al que se dirigen, las características del producto financiero responden a las necesidades y particularidades de este grupo de clientes.
Además, las ESI deberán desarrollar un registro que incluya las comunicaciones telefónicas y electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes de los clientes para mejorar las labores de supervisión de la CNMV y el control interno de la entidad.
Por último, se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva los depósitos estructurados y se establece que las entidades de crédito que comercialicen estos productos deben cumplir con las normas relativas al buen gobierno de la entidad, disponer de medidas de organización interna y medidas para evitar los conflictos de interés, cumplir las obligaciones sobre registro de grabaciones y respetar determinadas normas de conducta relativas a la clasificación de clientes, diseño de productos y remuneraciones.
