MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha confirmado su opinión de que la participación del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en el G30, un club privado formado por representantes de bancos centrales, personalidades del mundo de las finanzas y académicos, supone "mala administración" ante la percepción de que la independencia del instituto emisor podría verse comprometida.
En su análisis, la Defensora del Pueblo reconoce que la participación del BCE en determinadas actividades del G30 puede, bajo ciertas condiciones, cumplir los principios de buena administración y para asegurarse de que este sea siempre el caso, O'Reilly realizó una serie de recomendaciones al banco central.
Sin embargo, la respuesta del BCE a dichas recomendaciones "no fue satisfactoria", apunta O'Reilly, criticando el "estado de negación" del banco central en relación a las implicaciones de que su presidente forme parte de este 'think tank' y rechazando mejorar sus reglas y procedimientos.
"El BCE no se ha asegurado de que el presidente suspenda su membresía del G30 y de que los próximos presidentes no lleguen a ser miembros", señala O'Reilly en sus conclusiones ante la negativa del BCE de seguir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo.
"Ya que esto da lugar a la percepción pública de que la independencia del BCE podría verse comprometida, el Ombudsman confirma su conclusión original al respecto de mala administración", señala O'Reilly, que informará de esta decisión al BCE y al Parlamento Europeo.
La Defensora del Pueblo Europeo abrió en enero de 2017 una investigación sobre la pertenencia del presidente del BCE al 'think tank' con sede en Washington, del que también forman parte gobernadores de los bancos centrales de Inglaterra, China o Japón, o directivos de entidades privadas como UBS, Crédit Suisse o JP Morgan, exigiendo a Mario Draghi su retirada del G30, algo que el BCE descartó el pasado mes de abril, alegando que esta membresía "es compatible con la independencia, reputación e integridad de la institución y no conlleva ningún conflicto de interés".
Se trata de la segunda ocasión en que el Defensor del Pueblo Europeo cuestiona la relación del BCE con el G30, puesto que en 2012, el entonces presidente de este organismo, consideró que la participación del BCE en el club privado era, en términos generales, compatible con la independencia, la reputación y la integridad de la entidad.
