MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Casa del Rey no se pronunciará ni hará más precisiones sobre el reparto de sus 64 consejeros en Caja Madrid, después de haber comunicado el pasado noviembre que, como es habitual, no ejercería su derecho a nombrarlos sino que los cedería a los demás actores presentes en la Asamblea de la Caja.
Después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara ayer que impugnará el reparto de estos 64 consejeros tal como lo ha aplicado la comisión de control de la caja, un portavoz de Zarzuela señaló a Europa Press que la Casa del Rey no se pronunciará porque ya adoptó la decisión que le correspondía el pasado noviembre.
En ese momento, el jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, envió una carta en la que se comunicaba que, como siempre ha hecho, el Rey no iba a ejercer su derecho a designar a los consejeros que le corresponden a la Corona en calidad de miembro fundador de Caja Madrid, y solicitaba que esos nombramientos se repartieran proporcionalmente entre los demás actores según los Estatutos de la Caja.
Ayer, el Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, explicó a Europa Press que el Consistorio impugnará el reparto de estos 64 consejeros porque para llevarlo a cabo la comisión de control ha aplicado la nueva Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre y, de esa manera, ha excluido a los Ayuntamientos del reparto.
Según Bravo, "no se está aplicando bien por parte de la comisión de control el proceso electoral" pues, aunque la ley establece un régimen transitorio para los sectores que no han terminado su proceso, lo cierto es que la Corona terminó su proceso en noviembre pasado y por tanto la ley aplicable sería la 2003.
LA NUEVA LEY EXCLUYE A AYUNTAMIENTOS
"En el marco de la ley vigente, entiendo que la no designación por parte de la Corona de los consejeros que le corresponden debe representar por igual a todas las partes", defendió, pero lo cierto es que la última reunión de la comisión de control aplicó lo establecido en la nueva Ley, que los asigna a la Asamblea de Madrid, las entidades representativas y los empleados pero no a los ayuntamientos.
Así, anunció que este reparto será impugnado ante la comisión de control en su próxima reunión, a través de un informe con argumentos jurídicos, a fin de convencer a sus miembros de que no han aplicado correctamente la Ley, solicitándoles que vuelvan a notificar a cada sector el número de representantes asignados en cada caso.
Si la comisión rechazara el recurso, el Ayuntamiento tiene abierta la vía jurisdiccional y/o mercantil, donde puede reclamarse una medida cautelar de suspensión del procedimiento electoral, destacó Bravo. "La decisión a fecha de hoy es impugnar ante la comisión, pero si es rechazado tendremos que volver a plantearnos si acudimos a los tribunales", añadió, al tiempo que recordó que ya existe un informe jurídico que demuestra el error jurídico que se está cometiendo.
Asimismo, el responsable económico del Ayuntamiento de Madrid recordó que ya en enero alertó de que el tratamiento contemplado en la Ley autonómica a la Corona no era acorde con la ley nacional, la LORCA. "Es un problema que no se ha corregido en la ley, pues la LORCA establece que en el caso de que la Corona no designe a los consejeros que le corresponden, podrá acrecentar a las corporaciones locales, en ningún caso excluirlas", observó.
