Economía/Finanzas.- CC.OO. apoya dotar de derechos políticos limitados a las cuotas participativas de las cajas

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de CC.OO. (Comfia), José María Martínez, abogó hoy por abrir nuevas vías de capitalización para las cajas de ahorros, como dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, siempre que se establezcan límites para que estas entidades mantengan su naturaleza y función social.

Ante los cada vez mayores requerimientos de capital en el sector financiero, Martínez apostó por hacer atractivas en los mercados las cuotas participativas, instrumentos con los que cuentan en la actualidad las cajas de ahorros similares a las acciones de los bancos pero sin derechos políticos, con el fin de reforzar la solvencia de estas entidades.

No obstante, el responsable de Comfia incidió en la necesidad de que dichos derechos políticos mantengan el actual modelo de cajas en el que los representantes de la ciudadanía, de los trabajadores y de los clientes cuentan con la mayoría del control de la entidad, y que no se escindan la parte financiera y la fundacional de las cajas.

A la pregunta de qué limite debe establecerse a los derechos políticos de las cuotas para alcanzar estos objetivos, Martínez explicó que no se trata de fijar un porcentaje específico, sino de "conformar un nuevo grupo" que pueda aplicarse de forma flexible a cada caso, manteniendo el poder de los representantes en las asambleas de las cajas.

"Es absolutamente necesaria una mayor capitalización que mantenga el modelo de cajas de ahorros. El país lo necesita", subrayó el secretario general de Comfia, para quien la aplicación de este modelo en España ha permitido que los servicios financieros lleguen a toda la ciudadanía.

En cuanto a si limitar los derechos políticos de las cuotas participativas podría restar atractivo a estos instrumentos en los mercados e impedir así que sirvan para capitalizar las cajas, Martínez consideró que el interés de los inversores radicará en la rentabilidad de las entidades.

"Nadie que acuda a una ampliación de capital de un banco piensa que va a tener la mayoría del capital. Eso no es lo que hace atractivo el instrumento, sino su rentabilidad y que (los titulares) puedan expresar su opinión en la junta de accionistas o la asamblea general", argumentó el sindicalista.

IMPULSAR LAS FUSIONES.

Por otro lado, Martínez defendió un cambio en la regulación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), instrumentos a través de los que se hacen las conocidas como 'fusiones frías o virtuales', para que éstos se aglutinen en torno a una agrupación de cajas tal y como defiende la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y se eliminen lagunas de interpretación.

En su opinión, si se cambiara la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) en este sentido "sería un impulso para las fusiones" entre entidades, porque dotaría a los SIP de mayor seguridad jurídica al despejar algunas incertidumbres. No obstante, el Gobierno descarta cambiar la Lorca hasta finalizada la reestructuración financiera.

A la espera de los cambios que previsiblemente aprobará el próximo Consejo de Ministros sobre los SIP, centrados en temas fiscales y contables, Martínez dijo que su regulación actual es "dispersa" y presenta "serios inconvenientes de interpretación", sin que esté clara la gobernanza sobre la sociedad central sobre los que nacen.

Según sus previsiones, la reestructuración del sistema financiero español se llevará a cabo en una primera ola antes del 30 de junio

-fecha en la que expira la autorización de Bruselas para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- en la que se cerrarán los procesos de fusión de cajas ya avanzados y se abrirán otros, y con posterioridad tendrá lugar una segunda ola que requiere de cambios normativos.

En este sentido, Martínez apuntó a la necesidad de acometer una reforma que aclare las competencias de los gobiernos central y autonómicos en materia de fusión de entidades. "Queremos una regulación que lo aclare sin controversia nacionalista", indicó en alusión a los recursos de inconstitucionalidad de Galicia, Cataluña y Extremadura contra el FROB.