Actualizado 27/06/2007 17:45 CET

Economía/Finanzas.- La CE pide a España que aplique la norma comunitaria sobre mercados de instrumentos financieros

BRUSELAS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea pidió hoy a España y a otros 23 países que adapten a sus legislaciones nacionales la nueva norma comunitaria sobre mercados de instrumentos financieros y servicios de inversión (conocida como directiva Mifid, en sus siglas en inglés). El plazo para hacerlo vencía el pasado 31 de enero y sólo Reino Unido, Irlanda y Rumanía lo han cumplido.

La petición adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si los Estados afectados no toman las medidas necesarias en un plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La directiva Mifid es una de las "piedras angulares" para crear un sistema financiero paneuropeo para la compraventa de acciones. Eliminará todos los obstáculos a la utilización de un verdadero "pasaporte único" para las empresas de inversión con el fin de permitirles trabajar en toda la UE con un mínimo de trámites, estimulando así la competencia en igualdad de condiciones y al mismo tiempo protegiendo los intereses de los inversores.

Al aprobarla, el Consejo y la Eurocámara acordaron que los bancos y las sociedades de inversión dispondrían de 9 meses suplementarios tras su entrada en vigor --es decir, hasta el 1 de noviembre de este año--, para ajustar sus sistemas y su organización a las exigencias de la norma. Bruselas asegura de que cualquier retraso en la transposición reducirá el tiempo con el que cuentan las empresas para prepararse a un entorno reglamentario totalmente nuevo.

Además, la ausencia de adaptación nacional más allá del 1 de noviembre de 2007 podría dañar el buen funcionamiento del "pasaporte" y tener una incidencia significativa en los mercados financieros de la Unión, según el Ejecutivo comunitario. Las empresas se encontrarían con dificultades para ofertar sus servicios en otros Estados miembros y estarían en una situación de inseguridad jurídica en cuanto a la legislación aplicable.