FRÁNCFORT (ALEMANIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha subrayado que la presión fiscal en Grecia sigue estando "bastante por debajo" de la media europea, pese a los incrementos de impuestos llevados a cabos en los últimos años.
En una carta al europarlamentario griego Kostas Chrysogonos, enviada el pasado 15 de enero, Draghi recuerda al político que el ratio de carga fiscal respecto al PIB en Grecia, incluidas las contribuciones reales a la Seguridad Social, es del 34,2%.
El presidente del BCE remarca que el programa de ajuste económico para Grecia incluye varios reformas que tienen como objetivo mejorar la estructura fiscal en el país y el diseño general de un sistema fiscal, así como medidas dirigidas a mejorar la eficiencia de administración y la lucha contra la evasión fiscal.
Asimismo, asegura que un objetivo clave de todas estas reformas ha sido la equidad social y la creación de un entorno en el que todos los ciudadanos paguen su parte justa de impuestos y, en consecuencia, los tipos puedan ser más bajos que en un ambiente de evasión fiscal generalizada.
Por otro lado, Draghi destaca que, dentro de la 'troika' --el BCE, la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)--, el banco central aporta consejo y experiencia en una amplia gama de cuestiones.
En este sentido, explica que su labor consiste en apoyar las políticas económicas general en la Unión Europea, actuar de forma conjunta con la CE para evaluar las condiciones de política económica ligadas a ayuda financiera y revisar esas condiciones de forma regular para dar información a los ministros de Finanzas de la eurozona con el fin de que puedan decidir sobre esa ayuda.
El presidente del BCE destaca que las recomendaciones realizadas por la troika buscan lograr una finanzas públicas saludables, la estabilidad financiera, competitividad y sólidas políticas económicas y, con ello, crear las condiciones para un crecimiento sostenible y más empleo.
Sin embargo, Draghi incide en que la decisión final sobre las medidas concretas deben adoptarse a nivel nacional, actuando en concordancia con sus respectivos requisitos constitucionales.
