El BOE y el Tesoro publicarán los nombres de las entidades que se adscriban al código de buenas prácticas
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno prevé que cientos de miles de familias se puedan acoger a la dación en pago -entrega de la vivienda para saldar la hipoteca contraída con el banco- o a los cambios de condiciones de sus deudas tras la aprobación del código de buenas prácticas aprobado por el Consejo de Ministros para reducir el impacto social de los desahucios.
Según informaron en fuentes del Ministerio de Economía, aún es pronto para calcular con precisión el número de beneficiarios de las medidas dentro del colectivo de familias con todos los miembros en paro y cuyas obligaciones de pago superen el 60% de los ingresos totales.
El Ejecutivo considera que la medida es aplicable a personas que vivan solas y familias integradas por un deudor y su cónyuge o pareja de hecho y los descendientes que cohabiten en la vivienda familiar, especificaron.
No obstante, responsables del Ministerio de Economía no prevén una "acogida masiva" a la dación en pago por tratarse de una medida que resulta dolorosa para los deudores y apuestan fundamentalmente por la reestructuración de la deuda hipotecaria.
Dicha reestructuración puede resultar en un aplazamiento del plazo hasta 40 años, una reducción de los intereses hasta Euríbor más 0,25%, entre otras opciones, con el fin de que el esfuerzo de pago no supere el 60% de los ingresos, lo que se consideraría inviable.
En caso de que un miembro de la familia beneficiaria encuentre empleo tras alcanzar un acuerdo con la entidad financiera sobre la reestructuración de la deuda, las condiciones pactadas se mantendrían, especificaron.
QUITA DE LA DEUDA.
Si los cambios en las condiciones de pago de la deuda no alivian la carga del hipotecado por debajo del 60% de los ingresos, la entidad podrá abordar la posibilidad de asumir una quita en el préstamo.
Para esta segunda fase, que deberá aceptar voluntariamente la entidad, se prevén tres criterios diferentes, entre los que figura la quita del 25% del capital pendiente de amortizar, así como otras fórmulas que tienen en cuenta los riesgos asumidos en la tasación de la vivienda y el porcentaje del préstamo concedido sobre el valor del inmueble.
Una vez transcurridos doce meses desde que el deudor integrado en el colectivo de exclusión definido solicite la dación en pago sin haber podido alcanzar un acuerdo para la reestructuración de la deuda, la entidad se verá obligada a aceptar las llaves de la vivienda en pago de la deuda.
No obstante, la entidad estará exenta de aceptar obligatoriamente dicha dación en pago si las circunstancias de la familia no se inscriben en los del colectivo de exclusión, como sería el caso de que uno de los miembros de la unidad haya encontrado trabajo.
Las entidades que acepten voluntariamente adscribirse al código de buenas prácticas promovido por el Gobierno deberán aplicarlo de forma obligatoria, y una comisión de control verificará que se aceptan los casos de dación en pago solicitados bajo los requisitos del umbral de exclusión.
Su nombre se dará a conocer públicamente y de forma trimestral: en los meses de abril, junio y noviembre, a través tanto del Boletín Oficial del Estado (BOE), como de la página web del Tesoro, al que deberán enviar su intención de incorporación al código.
Se podrán incorporar al proceso hasta el momento en que se produzca el anuncio oficial de la subasta pública de ejecución, pero no podrán beneficiarse aquellos que ya se encuentren en proceso de desahucio a pesar de considerarse colectivo de exclusión.
Fuentes de Economía indican que las entidades financieras se beneficiarán de incentivos fiscales, además de las deducciones fiscales de las pérdidas provocadas por los desahucios en el impuesto de sociedades.
Se prevé que las entidades se beneficien de exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos y documentales, así como de una reducción de los aranceles notariales del 50%.
