MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas han rechazado este martes con el voto del PP la posibilidad de pedir a la institución que realice un informe específico sobre el rescate bancario y su coste para los contribuyentes, y se ha limitado a reclamar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que establezca "mecanismos claros y transparentes de control e información" de los fondos públicos empleados en salvar a la banca así como de la gestión que se está haciendo de estos recursos.
El PSOE, UPyD y CiU habían propuesto como resolución al 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria' que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el coste total que ha tenido el rescate del sector bancario así como el monto de ayudas públicas que se podrán recuperar.
Sin embargo, los 'populares' han impuesto su mayoría absoluta en contra de estas peticiones, y únicamente han apoyado dos propuestas de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para pedir al FROB que controle los apoyos públicos comprometidos o empleados en el rescate y la gestión que las entidades bancarias están haciendo de ellos, y para que emprenda todas las acciones judiciales precisas para recuperar el dinero que los directivos y administradores de las entidades rescatadas pudieran haber realizado "de forma no ajustada a derecho".
También ha salido adelante la resolución del PP a este respecto, que se limitaba a pedir al organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda que mejore los procedimientos de elaboración de informes sobre el sistema financiero para "evitar la segregación y exposición conjunta de conceptos de distinta naturaleza", de modo que no se sumen por ejemplo las ayudas concedidas de las comprometidas pero no ejecutadas.
En cualquier caso, el organismo fiscalizador puede realizar 'motu proprio' un análisis sobre el rescate bancario que incluya todo el periodo en que se han concedido ayudas y otras variables como el dinero que se ha ido recuperando con ventas y enajenaciones o el coste de la Sareb. Para ello, sólo tiene que incluir este objetivo en su programa de informes del próximo ejercicio, tal y como ya se ofreció a realizar Álvarez de Miranda cuando presentó en sede parlamentaria este informe.
DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL.
Por otra parte, han salido adelante sendas propuestas de resolución del PP y de IU-ICV-CHA para pedir al FROB que "extreme la diligencia" en adoptar las medidas a las que está autorizado para "asegurar la defensa del interés público" en las entidades apoyadas con fondos públicos, o incluso "en el eventual caso de la apertura de un nuevo proceso" de rescate financiero.
Finalmente, ha salido adelante otra propuesta del PP para instar al Gobierno a que "continúe fortaleciendo" los mecanismos de seguimiento y "adecuada rendición de cuentas" sobre la utilización de los diferentes instrumentos de reestructuración y resolución de entidades de crédito, sobre todo cuando haya habido uso de fondos públicos.
El informe del Tribunal de Cuentas cifraba en 107.913 millones de euros las ayudas directas o comprometidas que el Estado concedió a la banca entre 2009 y 2012, si bien el presidente de la institución matizó que esa cifra "no equivale al coste neto de las aportaciones públicas a los procesos de reestructuración", que "sólo se podrá conocer cuando finalicen los procesos".
DEPURAR RESPONSABILIDADES.
Otro punto en el que coincidían gran parte de las propuestas de resolución de los grupos de la oposición era en la depuración de responsabilidades, exigencias que la mayoría absoluta del PP también ha permitido rechazar.
Así, las Cortes han rechazado pedir al Tribunal de Cuentas que "se implique" en la investigación de las operaciones "irregulares" que se hayan podido producir en las entidades bancarias nacionalizadas, de modo que se puedan poner en conocimiento del órgano correspondiente para que "se deriven actuaciones judiciales", o exigir al FROB que adopte medidas para "evitar que se vuelvan a producir las anomalías detectadas".
Tampoco se ha aceptado pedir al Tribunal de Cuentas un informe específico sobre los procedimientos judiciales vigentes durante el tiempo en que las entidades financieras rescatadas hayan sido públicas, en los que se haya imputado o encausado a miembros de la alta dirección o del consejo de administración por su gestión o por las remuneraciones u otros beneficios que hayan podido recibir, incluyendo un análisis de los importes recuperados. Ni se le ha solicitado que analice si "existen más operaciones parecidas a las 90 sospechosas" sobre las que el FROB está realizando un análisis independiente.
NO A TODO LO DEMÁS.
Por contra, las Cortes han rechazado el resto de propuestas de solución de la oposición, entre ellas que se analizara la legalidad del Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario, dado que "no fue aprobado por el Parlamento", que se indicaran las condiciones a exigir a las entidades rescatadas para evitar la pérdida de dinero público, o que se haga un seguimiento de los esquemas de protección de activos (EPA) que hay firmados.
Tampoco se ha aceptado ninguna de las peticiones de UPyD, que reclamaba informes específicos sobre el papel realizado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el FROB en la gestión de la crisis de Bankia desde que salió a bolsa hasta que fue nacionalizada, la gestión del saneamiento de su entidad y su progresiva privatización, y el proceso de venta de participaciones en algunas empresas privadas.
CiU, por su parte, quería que la Comisión lamentara expresamente la "precipitada reestructuración bancaria, llevada a cabo sin objetivos políticos ni económicos consensuados", cosa que finalmente no ha sucedido, como tampoco han salido adelante sus propuestas para que los análisis del FROB sobre las integraciones bancarias sean "más rigurosos" o para que explique cómo elige a sus representantes en las entidades participadas.
Igualmente, han sido rechazadas las pretensiones de la Izquierda Plural de que tanto BFA-Bankia como Catalunya Caixa mantengan al menos un 51% de su accionariado en manos públicas para "facilitar el crédito a las empresas de menor dimensión y a las familias".
