Se aumentará el control para impedir la publicidad engañosa
PARIS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, presentó hoy un anteproyecto de ley que modifica la regulación sobre el crédito al consumo para evitar los abusos y hacer más consciente al consumidor de los riesgos de un endeudamiento excesivo.
El Gobierno quiere aprovechar la trasposición de una directiva europea sobre el consumo para favorecer una distribución responsable del crédito, facilitar el acceso al crédito al 40% de los solicitantes que se ven rechazados y reducir los excesos cometidos en los créditos renovables.
Este tipo de préstamos que con cada vez más frecuencia comercializan los establecimientos financieros especializados son la mayor fuente de endeudamiento de las familias más modestas al presentarse como una permanente reserva de dinero para el consumo sin tener en cuenta la situación real del solicitante.
Para acabar con esta situación, la reforma presentada hoy contempla entre otros aspectos un mayor control sobre la publicidad para evitar informaciones engañosas o erróneas. De ahí que, cuando la ley entre en vigor, los anuncios de las entidades deberán incluir obligatoriamente la mención siguiente: 'Un crédito compromete y tiene que ser devuelto'.
Además, se prohibirán todas las referencias que sugieran que un crédito mejora la situación financiera de quien lo pide. Asimismo, para impedir imprecisiones de los créditos renovables y ayudar a los consumidores a comparar precios, se tendrá que incluir el coste del préstamo de manera estandarizada y cifrada.
Con el objetivo de evitar que los hogares más endeudados no hagan más que devolver los intereses del préstamo, el anteproyecto de ley prevé que cada vencimiento de un crédito renovable incluya el reembolso de una parte del capital principal prestado. Mientras, los prestamistas tendrán la obligación de evaluar la solvencia del solicitante y consultar los ficheros que contienen los datos de morosos o impagados.
El Gobierno quiere igualmente aumentar de los 21.500 euros actuales a 75.000 euros la cantidad mínima a partir de la cual se aplicarán las reglas de protección de los consumidores. En la misma línea, ampliará de 7 a 14 días el plazo para anular la contratación de un préstamo.
El proyecto de ley contempla un dispositivo de sanciones tanto civiles como penales basado en la extensión a las nuevas reglas de las actuales obligaciones recogidas en el código del consumo. Las sanciones penales pueden ir de los 1.500 a los 30.000 euros.
El texto deberá ahora ser objeto de concertación con las asociaciones de consumidores y se aprobará en el consejo de Ministros del próximo 15 de abril, de manera que comience a examinarse a finales de primavera en el Parlamento con la intención de que las disposiciones entren en vigor a mediados de 2010.
