Reconocen que los exdirectivos mostraron reticencias a la hora de entregarles los contratos
MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los dos inspectores que el Banco de España tenía en Novacaixagalicia (NCG) cuando sus exdirectivos se otorgaron contratos con prejubilaciones millonarias afirmaron este jueves en la Audiencia Nacional que si bien las modificaciones introducidas en los citados documentos podrían haber supuesto un mayor coste para la entidad, en ningún caso comprometieron la solvencia de la misma.
Así lo señalaron ambos inspectores ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que les tomó declaración como testigos y ante quien reconocieron que, si bien los directivos beneficiados por las prejubilaciones no adoptaron con ellos una actitud obstruccionista, sí expresaron reticencias a la hora de entregarles los contratos, según señalaron fuentes presentes en las comparecencia.
De hecho, y según las fuentes consultadas, si bien los inspectores habían oído de la existencia de dichos contratos en diciembre de 2010 y les fueron mostrados en febrero del año siguiente, no fue hasta mayo cuando se les hizo entrega de los mismos.
CANTIDADES RECLAMADAS
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.
Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas, y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Osgar Rodríguez Estrada.
En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
DELITO O INTERPRETACIÓN INCORRECTA DE LA NORMA
Además, según una de las defensas, los inspectores no han podido determinar si lo ocurrido con los contratos de los directivos puede valorarse como una interpretación, aunque sea incorrecta, de la norma laboral o un desvío de fondos, que es lo que se les imputa en este procedimiento.
El juez Ismael Moreno ha citado para el próximo 16 de noviembre al presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo, y a partir del 13 de noviembre escuchará el testimonio de los tres vocales del Consejo de Administración que votaron en contra de las compensaciones investigadas.
Estos tres vocales son José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra, José Luis Regueiro, representante de CC.OO., y Miguel Argones, de Csica, rechazaron las dotaciones para esas retribuciones porque no se concretaba el contenido de las mismas, según declararon el pasado mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
