El Santander, que recurrirá la decisión, insistie en que el pago de los impuestos se hizo "en la más estricta aplicación de la ley"
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha acordado iniciar los procedimientos para abrir juicio oral al presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y a otros directivos del banco por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida relacionados con un plan de incentivos a los directivos de Banesto entre los años 1994 y 1998.
Según el auto, con fecha 21 de junio, y al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado Fernando Vegas García ha acordado continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a Botín y a otros ocho directivos de la entidad fueran constitutivos de los presuntos delitos citados.
Por ello, da traslado de esta decisión al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, a fin de que en el plazo de 10 días "formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oran en la forma prescrita por la Ley, o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solilcitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".
La causa parte de una denuncia formulada por Rafael Pérez Escolar, condenado por el 'caso Banesto', y en sus diligencias previas se indica que los imputados omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie con que contribuyeron el plan de incentivos a los directivos de Banesto, mediante a los mismos el 21 de octubre de 1994 de 6,1 millones de acciones "por un precio inferior a la real y cuya financiación sufragó el Banco de Santander", así como a la venta de acciones, en noviembre de 1996 y 1997, respectivamente, a dos directivos incorporados "mediante idéntico sistema de financiación".
Según dichas diligencias, el Santander defraudó así a la Hacienda Pública las siguientes cuotas fiscales: 7,74 millones de euros en 1994; 690.000 euros en 1995, 610.000 euros en 1996, 460.000 euros en 1997 y 380.000 euros en 1998. En total, unos 9,88 millones de euros.
EL SANTANDER RECURRIRÁ.
Fuentes del grupo Santander aseguraron a Europa Press que "resulta sorprendente que se haya adoptado por el juzgado esta resolución", y anunciaron que "será recurrida".
Además explicaron que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto, tras su adquisición por Banco Santander".
Las mismas fuentes insistieron en que el pago de los impuestos se hizo "en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de la forma más favorable para Hacienda".
"De hecho se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda, que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación", concluyeron.
