Economía.- Los nuevos estatutos de Caja Madrid se adaptarán a la Ley de Aguirre pero aumentarán el peso del Ayuntamiento

Actualizado: miércoles, 28 enero 2009 21:32

((AMPLIACIÓN))


MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos estatutos de Caja Madrid que el consejo de administración presentará esta semana supondrán su adaptación a la Ley aprobada a comienzos de año por la Asamblea de Madrid, pero introducirán también el espíritu de la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorros (LORCA), de ámbito nacional, de modo que permitirán aumentar el peso del Ayuntamiento de Madrid por encima del 30 por ciento que establece la norma promovida por Esperanza Aguirre.

Según informaron a Europa Press fuentes políticas cercanas al órgano de dirección de la entidad, será un texto que respeta las modificaciones incorporadas por la Ley regional, aunque no en aquellos aspectos que el consejo considere que se vulnera el espíritu o la letra de la LORCA. Y es que ningún operador jurídico, en este caso la caja de ahorros, puede aplicar una Ley regional que pudiera tener elementos considerados no constitucionales, indican las mismas fuentes.

De este modo, los nuevos estatutos no harían efectivo "de forma taxativa" el recorte del 70 al 30 por ciento de los representantes del Consistorio, y modularían la ponderación entre el número de clientes y los depósitos que incorpora la nueva Ley y que, según los críticos, sobrevalora a municipios con gran poder adquisitivo respecto a los más poblados, de cara a sus representantes en la asamblea de la entidad.

Estos estatutos, denominados "inteligentes" por los sectores cercanos al presidente, Miguel Blesa, deberán ser revisados y aprobados por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, quien tiene de facto la última palabra para su aprobación. No obstante, el texto tendrá que pasar por varias fases, que podrían llegar a ser polémicas, antes de que la Consejería, como órgano tutelante de la caja, imponga su palabra.

Y es que si Beteta conmina al consejo de administración a eliminar ciertos aspectos de los estatutos, el consejo puede optar por aceptar los cambios, o rechazarlos. Dado que en todo caso la asamblea general de Caja Madrid tiene que dar su visto bueno al nuevo texto rector, podría darse el caso de que la mayoría los 320 representantes de la entidad rechazaran los cambios efectuados por Beteta, aunque ello no impediría su aprobación.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda considera que la adaptación de los estatutos de Caja Madrid a la nueva normativa autonómica que entró en vigor el 1 de enero de 2009, debe hacerse en su totalidad y no parcialmente.

La disposición cuarta de la LORCA (Ley 62/2003) ya establecía un plazo de seis meses para adaptar las leyes autonómicas en materia de cajas a la Ley general, y recogía asimismo que los estatutos de las cajas de ahorros se adaptarían a la normativas autonómicas una vez fueran modificadas para adaptarse a la LORCA.

La Comunidad de Madrid ha legislado al respecto (adaptando la normativa autonómica a la LORCA) y es ahora Caja Madrid quién tiene que adaptar sus estatutos a la Ley de Cajas regional, como establece la LORCA.

Fuentes consultadas por Europa Press ponen como ejemplo si Caja Madrid considerase que el espíritu de la LORCA es inconstitucional, se la salta, y adapta sus estatutos a la Constitución Española.

PROCESO ELECTORAL

El proceso de adaptación de estatutos a la nueva Ley corre en paralelo con el proceso electoral que debe nombrar en octubre próximo un nuevo presidente de la entidad, actualmente paralizado debido al bloqueo de la comisión de control por el acuerdo sindical y del PSOE, pero también debido a los siete expedientes sancionadores emitidos por la Consejería de Aguirre.

En especial, el consejero Beteta tiene un mes para resolver el expediente abierto contra el presidente 'gallardonista' del órgano de control, Fernando Serrano, por su presunta incompatibilidad con su cargo de Defensor del Contribuyente. Sin embargo, su inhabilitación quedaría suspendida si transcurrido ese periodo, éste presenta un recurso en la vía contencioso-administrativa y el juez revoca la suspensión como medida cautelar.

Además, ante esta situación en la que todos mantienen las 'espadas en alto', la existencia de los expedientes invalida en la práctica, para algunos de los implicados, avanzar en la negociación entre los partidos y los sindicatos para llegar a un acuerdo global. De hecho, fuentes sindicales apuntan que la 'tregua' declarada el pasado día 20 en la comisión de Control podría romperse si no se llega a un pacto que incluya la eliminación de estos expedientes, así como si se quiere excluir a alguna de las partes.

Uno de los punto clave de la negociación está en el reparto de los 18 miembros de la asamblea que deben ser elegidos por el sector de entidades representativas de la sociedad civil (universidades, cámara de comercio,...) el próximo mes de junio o julio. Estos representantes serán especialmente importantes porque, de acuerdo a la nueva normativa, es un sector que, como el de los empleados, elige directamente a sus representantes en el consejo de administración, de acuerdo a una sola lista, con un voto a favor o abstención.

Este sistema es diferente al que afecta al resto de los sectores --Asamblea de Madrid, Corporaciones locales e impositores--, que se eligen por toda la Asamblea, por lo que da a las entidades representativas un peso mayor que al resto.