La formación tiene una iniciativa registrada en el Congreso que recoge muchas de las sugerencias de los inspectores del Banco de España
MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) están estudiando la posibilidad de recurrir a la vía judicial para denunciar las presuntas irregularidades que se podrían haber estado produciendo en la labor de supervisión del Banco de España, según ha denunciado la Asociación de Inspectores del supervisor en un informe.
El abogado de la formación magenta, Andrés Herzog, ha explicado a Europa Press que el gabinete jurídico está "valorando" las denuncias de la asociación para ver "exactamente si tendría encaje y qué procedimiento" se podría utilizar para llevar el asunto ante las autoridades judiciales.
"Es un asunto muy reciente pero, desde luego, es un tema muy importante, porque se están poniendo de manifiesto muchas irregularidades en el seno del Banco de España. Eso, desde luego, tiene una relevancia judicial", ha añadido el abogado de UPyD, formación que ya presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra los responsables de Bankia y BFA que ha dado lugar a la imputación de la anterior cúpula directiva, incluido su expresidente, Rodrigo Rato.
DENUNCIAS DE LOS INSPECTORES
En el informe 'Mejoras en los procesos de supervisón del Banco de España' redactado por la Asociación de Inspectores, que ha publicado el diario 'El País', se denuncian diversas irregularidades que se habrían cometido en los procesos de supervisión de las entidades financieras por parte del organismo.
Según los inspectores del Banco de España, existe un excesivo nivel de filtros que provocan una modulación de las conclusiones de las inspecciones, los informes no van firmados por lo que nadie se hace responsable de los resultados que arrojan y, además, en muchos casos se acaba modificando el sentido del informe pese a basarse en un análisis profundo de la situación de cada entidad.
Además, los inspectores aseguran carecer de competencias para investigar indicios de delitos dado que sus funciones se limitan a la detección de problemas de solvencia y de gestión de las entidades financieras, y aseguran que "la reacción ante esos indicios es mirar hacia otro lado", una actitud favorecida por la "falta de un procedimiento de rendición de cuentas" y la excesiva opacidad de la institución.
Estas críticas surgen en un pleno proceso de reestructuración del sector financiero, que ha requerido de grandes inyecciones de capital público a las entidades financieras con problemas, y cuando se suceden las críticas contra el Banco de España, al que se acusa de dejación de funciones y falta de agilidad y eficacia en sus labores de supervisión y detección de los problemas en dichas entidades.
De hecho, la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha responsabilizado en diversas ocasiones al supervisor y sus "consejeros políticos" de lo ocurrido en entidades como Bankia, donde "no hicieron lo que tenían que hacer" y se adoptaron decisiones siguiendo en muchos casos criterios "partidistas".
PROPOSICIÓN EN EL CONGRESO
Por su parte, el portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha lamentado que los grupos parlamentarios no cuenten con ningún tipo de información sobre los expedientes que el Banco de España tiene para investigar lo ocurrido en las cajas que han recibido ayudas públicas.
A renglón seguido, ha señalado a Europa Press que la formación magenta tiene registrada en el Congreso --y pendiente de debate en la Comisión de Economía-- una proposición no de ley con propuestas de mejora del sistema de inspección que "básicamente coinciden con las reivindicaciones de los inspectores".
Entre otras cosas, se reclama al Gobierno que modifique la Ley de Autonomía del Banco de España, de 1994, y la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, de 1988, para clarificar las funciones y procedimientos de inspección del Banco de España. A su juicio, estos cambios normativos deberían pasar por encargar al supervisor la verificación del grado de cumplimiento de las entidades sometidas a supervisión, sus accionistas, administradores y gestores de la normativa.
Además, las entidades financieras y sus responsables deberían facilitarle la información necesaria para cumplir sus funciones, así como "proporcionar, en su caso, la evidencia necesaria para la incoación de los oportunos expedientes sancionadores que resulten de las inspecciones".
Con respecto al procedimiento, UPyD cree que es necesario que la nueva norma contemple, "al menos", la distinción entre inspecciones periódicas y extraordinarias, un trámite de alegaciones y proposiciones de pruebas por la entidad, y la extensión de un acta en la que se fijen los aspectos advertidos, independientemente de un eventual expediente posterior.
Finalmente, UPyD considera necesario que sea el Banco de España el que designe a los intervinientes en la inspección, "no pudiendo procederse a su revocación o sustitución sino por justa causa y mediante resolución debidamente motivada".
El Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado por España con la UE para recibir el rescate bancario incluía la exigencia de reforzar la independencia operacional y la capacidad supervisora del Banco de España. "Éste es uno de los problemas que nos ha traído hasta aquí y que, a día de hoy, aún no se ha solucionado", ha lamentado Anchuelo.
