La formación ya ha tenido "contactos preliminares" con el Ministerio de Empleo sobre la reforma aunque duda de poder llegar a acuerdos
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha recordado este viernes al Gobierno que su anuncio de que obligará a declarar todas las cuentas bancarias, incluidas las del extranjero, no supone ninguna novedad porque ya es obligatorio según la legislación vigente.
El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha indicado en un desayuno con periodistas que, a expensas de conocer el detalle del Plan Antifraude que aprobará el Consejo de Ministros, la propuesta "no supone novedad" porque "ya hay obligación de declarar todas las cuentas".
Además, ha subrayado la dificultad de implementar esta medida dado que "ya es difícil controlar las cuentas que se tienen en España", por lo que ha enmarcado este anuncio como un "gesto, una declaración de intenciones" del Gobierno para mostrar su preocupación por el asunto del fraude fiscal.
CONTRA LA AMNISTÍA
En este sentido, ha criticado duramente la 'amnistía fiscal' convalidada por el Pleno del Congreso este jueves, acusando al Ejecutivo de "vender la conciencia de los españoles" por 2.500 millones de euros que, según sus datos, sólo suponen el 3% de los 80.000 millones que anualmente se defraudan en España y que equivalen al 8% del PIB.
"Es un fracaso. Las medidas a la desesperada como ésta indican pánico y no generan confianza. Y también lo rechazamos por razones morales, porque se lanza un mensaje de que los comportamientos inadecuados no tienen consecuencias", ha añadido, reconociendo a renglón seguido que su formación no atribuye "mucha credibilidad" al Gobierno al hablar de lucha contra el fraude cuando recorta un 4,8% el presupuesto asignado a este fin y garantiza únicamente un 10% de reposición de las bajas de personal.
RECORTAR EN INEFICIENCIAS, NO EN SERVICIO
En cuanto al proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2012, el diputado ha criticado alertado de que "no son sostenibles ni permanentes" porque "lo que se plantea no se puede hacer todos los años", y ha responsabilizado de gran parte de la actual situación a los gobiernos autonómicos, que han aumentado sus gastos a la sobra de la burbuja inmobiliaria pero no los han reducido en la misma medida que han caído los ingresos con la llegada de la crisis.
Además, ha reprochado al Gobierno los "recortes en partidas fundamentales" como educación, inversión en infraestructuras o I+D+i, aunque ha preferido esperar a ver cómo se reparte finalmente el recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación anunciado por el Gobierno, recordando que también en estos departamentos hay "ineficiencias" en las que se puede trabajar.
"Hay que ver cómo se hacen, porque se puede ahorrar en gestión sin afectar a la calidad del servicio. Si el Gobierno va en esa línea y lo logra, bienvenido sea; si es cobrando más a los ciudadanos nos opondremos. Pero puede haber cierto margen de ineficiencia, y no hay que cerrarse en redondo a revisar los presupuestos de sanidad y educación", ha dicho Anchuelo.
En este punto, ha criticado la falta de coordinación en las revisiones presupuestarias de las comunidades autónomas, que está llevando a "recortes asimétricos" que acabarán por "fragmentar el sistema" y crear "mayores diferencias" en el acceso a los servicios básicos por parte de los ciudadanos en función de dónde vivan.
LA ESTABILIDAD ES BÁSICA
Por eso, Anchuelo ha defendido la necesidad de mantener a raya los presupuestos autonómicos, lo que ahora será posible gracias a la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada este jueves en la Cámara baja con el respaldo de UPyD, entre otros.
"Nos alegramos de haber podido apoyar la ley. Nosotros habríamos ido más allá, pero se mejora sustancialmente la situación actual. Hasta ahora no había coordinación entre comunidades y tampoco sanciones. Ahora habrá un mayor intercambio de información y multas e incluso intervención en casos extremos", ha aplaudido el diputado, matizando que si de ellos hubiera dependido habrían ampliado también los controles previos a las cuentas regionales y que controlarán de dónde se recorta para reducir el déficit, porque "una cosa es la herramienta y otra cómo se utiliza".
Así, ha dicho que "es importante empezar a aplicar ya" la ley porque los problemas que atraviesa España son "urgentes" y hay que "tranquilizar a los socios europeos y también a los ciudadanos", al menos en materia de déficit, ya que en relación a la deuda la formación magenta no ve mal la enmienda introducida por CiU para flexibilizar el calendario para alcanzar el 60%.
"No nos parece mal que se flexibilice la senda para alcanzar el objetivo de deuda. La ley inicial era más estricta que la europea. Y si, como cree el Gobierno, a final de año tendemos un 80% de deuda sobre PIB, bajarla 20 puntos ante de 2020 no es fácil. Hay que ser estricto en el déficit pero no nos parece mal que se flexibilice la deuda para no poner objetivos inalcanzables en un entorno de estancamiento que no sabemos cuándo va a terminar", ha justificado.
ENMIENDAS A LA REFORMA LABORAL
Por último, Anchuelo se ha referido a otro tema de plena actualidad, la reforma laboral, después de que el Congreso rechazara esta semana las cinco enmiendas a la totalidad presentadas, entre otros, por UPyD, que recurrirá también a las enmiendas al articulado para tratar de modificarla.
Así, el diputado ha reconocido que ya ha habido "contactos preliminares" con el Ministerio de Empleo y que su partido está "dispuesto a debatir", si bien las posiciones de partida son "muy diferentes" por lo que será difícil llegar a acuerdos. "La reforma no nos gusta nada, y nos gustaría que el PP estudiara en serio nuestras enmiendas", ha añadido.
Estas propuestas reflejarán las medidas que la formación magenta incluyó en su texto alternativo a la reforma del Gobierno, que el responsable de Empleo y Seguridad Social en UPyD y diputado en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha recordado.
Lo fundamental es la creación de un contrato único indefinido con indemnizaciones progresivas y una definición más concreta de la causalidad para despedir, para modificar las condiciones laborales, para permitir el descuelgue o para autorizar los despidos colectivos. Además, UPyD también considera necesario reequilibrar las negociaciones colectivas, porque ahora "se da todo el poder al empresario".
En este sentido, Marcos ha contrapuesto el modelo del PP, en el que el convenio de empresa prima sobre todos los demás, con el que postula su formación, donde el convenio sectorial estatal prima en materia de jornadas y salarios para favorecer la renta nacional; y también sobre los autonómicos y provinciales para "garantizar la unidad de mercado para facilitar la movilidad".
QUE AFECTE TAMBIÉN A LOS DIRECTIVOS
En otro orden de cosas, las enmiendas de UPyD reclaman también que "los directivos se vean afectados por las medidas que afectan a los trabajadores mientras duren los problemas", por lo que si se reducen salarios o jornadas laborales, los dirigentes de las empresas también vean suspendidas sus gratificaciones y bonos.
Entre sus enmiendas se incluye asimismo un Plan de Garantía Juvenil para que cuatro meses después de terminar los estudios o quedarse en el paro, los jóvenes tengan contrato en prácticas o estudios pagándolo con las bonificaciones a la Seguridad Social que "se han demostrado inútiles"; así como un plan de lucha contra el fraude también en el sector laboral.
"Para dar ejemplo, que es esencial ante la crisis moral que vivimos, proponemos que diputados y senadores coticen a la Seguridad Social como el resto de trabajadores", ha apostillado Marcos, zanjando que "lo básico es que la reforma sirva para facilitar la contratación y no el despido" y que acabe con la dualidad y la temporalidad.
