MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que las necesidades de inversión climática en los países en desarrollo y mercados emergentes (EMDE) se incrementarán para 2030 hasta el entorno de los 2 billones de dólares anuales (1,89 billones de euros), para lo que se requerirá, principalmente, de financiación privada.
Según el Capítulo 3 del FMI publicado este lunes, la cifra equivaldrá al 40% de las necesidades mundiales para tal fin, e implicará que las inversiones se tendrán que incrementar al 12% del total de las realizadas en estos mercados, "una subida considerable desde el 3% actual" para cumplir con el 'cero neto' en 2050.
De esta forma, el FMI ha subrayado el "rol clave" de la financiación privada para acometer la transformación en estos países, dado su "limitado espacio fiscal en unas condiciones de mercado desafiantes" y por la ausencia de un sector público potente. En consecuencia, para 2030, la financiación privada deberá copar el 80% de estos esfuerzos. En caso de excluirse China, la cifra se elevaría hasta el 90%.
El documento ha enfatizado que los principales mercados emergentes son responsables de más de la mitad de los gases de efecto invernadero, para lo que requerirán de "inversiones de mitigación considerables". No obstante, estas naciones cuentan con acceso a los mercados y, en algunos casos, ellos mismos poseen mercados de capitales bien establecidos.
El FMI ha señalado, precisamente, que China sí dispone de "amplios recursos financieros internos", con el sector público desempeñando un papel "importante" de financiación de las necesidades de inversión climática a través de entidades estatales.
Después, los países en desarrollo contribuyen "con menos de un 15% a las emisiones globales", y, por lo tanto, no precisan de inversiones tan cuantiosas. Sin embargo, carecen de acceso a los mercados y son menos atractivos para atraer capitales privados. Hasta el 40% de los EMDE no cuentan con un 'rating' de solvencia o no disponen de calificación siquiera.
"En algunos EMDE, los elevados riesgos políticos, la incertidumbre jurídica e institucional y los riesgos de aplicación son obstáculos que se suman a los a los ya elevados costes de financiación", ha explicado el informe, que añade que la ausencia de canales "bien estructurados" donde invertir, como planes climáticos, suponen un "obstáculo al aterrizaje del capital privado".
Además, estos países no disponen de datos climáticos "de alta calidad, confiables y comparables", lo que hace "más compleja" la evaluación de riesgos y oportunidades para los inversores privados.
En este sentido, el FMI ha apuntado que, aunque "han proliferado" las políticas y compromisos de reducción de emisiones por parte del sector financiero y de las instituciones internacionales, no se ha "materializado aún", especialmente en los EMDE, en un "trasvase sustancial" desde activos contaminantes hacia otros sostenibles.
RECOMENDACIONES
El FMI ha avanzado en el documento posibles soluciones que pasan por mejorar el atractivo inversor de los EMDE. Entre ellas, están las reformas estructurales que brinden mejoras a su situación macroeconómica general, políticas climáticas más ambiciosas, "ayudas sólidas allí donde haya margen fiscal" y encajes creativos de financiación que "potencien el perfil riesgo-beneficio de las oportunidades de inversión".
Asimismo, la compartición del riesgo entre entidades públicas y privadas, incluidos los bancos multilaterales de desarrollo, "es crucial para atraer más capital privado a los EMDE. A este respecto, el propio FMI ha destacado las posibilidades de su Mecanismo de Sostenibilidad y Resiliencia para este mismo fin.
"En los países de renta baja, es esencial un mayor apoyo público internacional dadas las grandes dificultades para atraer financiación climática privada", ha resumido el FMI.
Por otro lado, introducir taxonomías de transición contribuiría "a alinear mejor los incentivos y a reducir las emisiones con el tiempo", incluidos en sectores intensivos en carbono. Además, la introducción de etiquetajes sostenibles en las inversiones "mejoraría la transparencia e integridad del mercado".
