MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), José Manuel Barberán, explicó hoy durante su declaración como testigo en el juicio oral que el entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, el entonces supervisor de inspección, David Vives, y él mismo propusieron intervenir Gescartera durante la reunión extraordinaria celebrada por el consejo del organismo el 16 de abril de 1999 para tratar las presuntas irregularidades detectadas en la agencia de valores.
La decisión no se tomó porque el responsable de los servicios jurídicos y secretario del consejo, José Antonio Alonso Ureba, determinó que "no se podía intervenir" porque el informe realizado por Vives bajo el título de 'Borrado sujeto a correcciones' no incluía "certezas" de la existencia de desfase patrimonial. Esta opinión fue aceptada por el subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, explicó el testigo. Por su parte, Alonso declaró que "sólo" se habló de medidas cautelares.
Durante su declaración, el fiscal, las acusaciones y la propia presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, trataron de determinar si dicha reunión estuvo "enfocada" sobre la "premisa" de la adopción de medidas cautelares o si existió una postura hacia "otro tipo de solución", preguntó la juez antes de concluir la declaración.
En la comisión parlamentaria celebrada en el Congreso tras la intervención del 14 de junio de 2001, Armesto, Vives y Barberán declararon haber apoyado la intervención en la reunión, mientras que los entonces responsable de área de Estrategia, Desarrollo y Fomento, José María Roldán, la consejera de la CNMV Pilar Valiente y el vicepresidente del organismo regulador, Luis Ramallo, se opusieron.
MEDIDAS CAUTELARES.
Barberán declaró que los responsables de Gescartera, Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna, justificaron ante la CNMV la existencia de dos tipos de cuentas, "unas con capacidad de disposición y otras sin ella", con la finalidad de operar "por encima del saldo de los clientes", algo no permitido por el regulador. Esta irregularidad y la falta de "certeza" de descuadre patrimonial dio lugar a la adopción de medidas cautelares.
Unas medidas cautelares entre las que el testigo mencionó la prohibición a Gescartera de realizar operaciones con los saldos de los clientes a través de la cuenta conjunta "omnibus", ya que debían realizarse a través de cuentas individualizadas al ser una "práctica no permitida" por la CNMV, afirmó. "No pedimos que abandonara la operativa intradía, se le dijo que la abandonara por encima del saldo del cliente", explicó.
Durante la reunión del consejo, se planteó "echar balones fuera" y enviar el expediente sobre Gescartera a la Fiscalía Anticorrupción, algo que no se hizo porque la CNMV "debía de investigar y tener certeza" antes, declaró Barberán.
La CNMV recibió una carta de Camacho donde se quejaba de la actuación de Vives durante la inspección. A raíz de esta queja, Ruiz de la Serna se reunió con Alonso y el propio Barberán, durante ese encuentro el apoderado de Gescartera les comunicó que el dinero "estaba en el extranjero". Vives fue sustituido por el consejero de la CNMV Antonio Botella al frente del expediente sobre Gescartera, algo que el testigo calificó de "poco frecuente".
La inspección de Botella dio lugar a un nuevo informe en el que Gescartera demostró la presencia de los fondos de los clientes con tres cheques de 'la Caixa' emitidos por la sociedad Hari 2000 por valor de 24 millones de euros que fueron aceptados por el inspector y permitieron a Gescartera seguir captando clientes. Posteriormente, se comprobó la falsedad de dicha documentación. La CNMV aceptó en octubre de 2000 la conversión de Gescartera en sociedad gestora de valores bajo la presidencia de Pilar Valiente.
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