Matas estima que Baleares recaudó veinte veces menos que la recaudación que logró con la ecotasa

El presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas, estimó hoy que, durante la vigencia de la ecotasa en Baleares, casi un millón de turistas se desvió hacia destinos competidores, con las consecuentes perdidas, equivalentes a veinte veces la recaudación del tributo impulsado por el Pacte de Progrés.

Matas hizo estas declaraciones durante una conferencia pronunciada en Madrid, titulada 'Tributación ambiental y turismo: la experiencia balear', en el marco del tercer Forum de Economía y Sostenibilidad de la Fundación Santander Central Hispano.

En su discurso, expresó la conveniencia de iniciar en España un "proceso serio de revisión" de la debilidad de la autonomía financiera de las comunidades para poder contemplar, en el caso necesario, las "singularidades ambientales de cada una de ellas, incluida la admitida por la Constitución Española en referencia a la insularidad".

El jefe del Ejecutivo balear destacó que la "prudencia" debe ser la "pauta de actuación" en cualquier medida fiscal que se introduzca en el sector turístico, cuya actividad es "sumamente cambiante y volátil", situación que no sucedió con la implantación de la ecotasa.

En este sentido, abundó en que, mientras existía una situación económica de debilidad en los mercados emisores de las islas, la llegada de la ecotasa "proyectó internacionalmente una imagen de Balears como destino en situación de emergencia medioambiental, necesitado de excepcionales medidas impositivas para acometer la restauración de un degradado entorno natural del que se responsabilizaba al turista".

Así, indicó que la respuesta fue que, en un año, las pernoctaciones cayeron un 9'6 por ciento, cuando, en tiempos difíciles para otros competidores, Canarias experimentó una variación negativa de tan sólo un 2'4 por ciento y Andalucía incluso logró resultados positivos.

Entre 2002 y agosto de 2003, el mes en el que el Govern actual derogó la ecotasa, se produjo una destrucción de empleo en el sector de la hostelería y la restauración por un valor aproximado de 39 millones de euros, indicó Matas, que aseguró que el transporte aéreo cayó en unos 7 millones; el alquiler de vehículos, un millón; y el subsector de las excursiones, veinte.

Con estas cifras, Matas argumentó en su discurso que no es posible pensar en la reinversión que el sector turístico balear pudo hacer "en pro del avance de su eficiencia medioambiental". "Además, la incorrecta definición del vínculo económico-ambiental y su calificación en función de la afectación del ingreso adulteró por completo el concepto de imposición verde sobre la actividad", añadió al respecto.

Por todo ello, Matas destacó que impulsar la reconversión de la fiscalidad turística de Balears a la manera de las reformas verdes desarrolladas en otros países desde principios de los años noventa pasa por acometer un estudio en profundidad de las posibilidades reales que cada administración pública española tiene de ejercer su capacidad normativa en este ámbito.

"Si lo que pretendemos es la erradicación de posibles conductas ambientalmente nocivas, no podemos conceder carta de naturaleza a proyectos como el de la ecotasa, que no tenía en cuenta que no sólo y no todos los turistas contaminan, que no todos los visitantes contaminan por igual, e incluso que algunos pueden adoptar patrones de actuación sostenibles y ambientalmente positivos", abundó.

Así, subrayó que cuando se centre el análisis en esta cuestión, "estaremos dando pasos hacia la determinación de las posibilidades verdaderas que existen en estos momentos de desarrollar este tipo de tributación en el sector y, más importante aún, de las condiciones que cabe modificar para que sea así".

RESTRICCIONES AUTONOMICAS.

En su intervención, Matas hizo referencia a la eliminación, por sentencia del Tribunal Constitucional, del impuesto autonómico sobre instalaciones que incidían sobre el medio ambiente que quería impulsar el Ejecutivo autonómico en 1991.

Aludiendo a esta anulación, Matas cree que esta decisión del Constitucional "ilustra las fuertes restricciones que sufrimos las comunidades autónomas para la captura de hechos imponibles susceptibles de ser gravados, que lógicamente afecta también al desarrollo de la imposición ambiental turística".

"No es extraño que se hayan frustrado muchos de los intentos de las diferentes Autonomías y que todas las comunidades hayamos acabado teniendo prácticamente los mismos tributos propios", añadió al respecto el jefe del Ejecutivo balear.

"Esta supresión da fe de las restricciones que el actual marco fiscal impone a las comunidades autónomas, por mucho que constantemente se apele a su capacidad normativa como respuesta a las reivindicaciones relacionadas con los déficits de financiación", insistió.