Piden modificar la postura de la Abogacía del Estado ante Bruselas, donde se alega que la cláusula no puede ser declarada abusiva
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unidos Podemos, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias han exigido al Gobierno que modifique la postura defendida por la Abogacía del Estado en el litigio sobre el Índice de Referencia Hipotecaria (IRPH) que se sigue en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), todo ello con el fin de que, cuando menos, "adopte una postura neutral en el caso".
Y es que, tal y como critican estas formaciones en una proposición no de ley registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, el pasado mes de junio la Abogacía del Estado presentó en Estrasburgo un escrito con observaciones "orientadas a defender los intereses de la banca". Un escrito que piden retirar, exigiendo que en este litigio se alinee con los postulados defendidos por la Comisión Europea.
Concretamente, según lamentan estos grupos, el Estado alega en sus observaciones que no es necesario examinar si esta cláusula es o no transparente y que "no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas".
Además, la Abogacía del Estado pide que, en caso de que este índice sea declarado nulo por abusivo, esta nulidad no tenga efectos retroactivos por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias.
El escrito fue presentado el 7 de junio de 2018 por la Abogacía del Estado ante el TJUE, cuando Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno, aunque el cambio no había llegado a la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
EL SUPREMO NO ENCONTRÓ ABUSIVA LA CLÁUSULA
El litigio es consecuencia de una cuestión prejudicial remitida por un juzgado de Barcelona, tras la disparidad de criterios presentada en el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 14 de diciembre de 2017 acerca de este índice de referencia hipotecario.
Tras haber sido declarada nula por juzgados de primera y segunda instancia por abusiva --resulta "claramente perjudicial para el consumidor", critican estos grupos, que ven acreditada la evidencia de que las entidades pueden influir en el índice-- el Tribunal Supremo avaló su uso, aunque con discrepancias.
Si bien descarta en su sentencia que la cláusula IRPH pueda ser declarada abusiva porque, según los magistrados firmantes, a dicha cláusula no cabe aplicarle ningún control de transparencia, la sentencia también contó también con un voto particular suscrito por dos magistrados.
En él se afirmaba que la sentencia es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y añadía que el IRPH, utilizado principalmente en las cajas de ahorro, "presenta una complejidad de comprensión para el consumidor medio que lo hace idóneo como elemento susceptible del control de transparencia".
LA COMISIÓN EUROPEA SE OPONE A LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Tras haberse presentado las conclusiones por ambas partes, relatan en su iniciativa Unidos Podemos, Compromís, Bildu y NC, tanto la Comisión Europea como el Reino de España han presentado observaciones en sentido contrario.
Mientras las del Estado español están "orientadas a defender los intereses de la banca", el Ejecutivo comunitario "se alinea con el voto particular" de la sentencia del Tribunal Supremo. Es más, aseguran que la Comisión "se opone frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo", pues ve la explicación del voto particular "acertada y muy clara".
QUE RETIRE EL ESCRITO Y AL MENOS SEA NEUTRAL
Por ello, los grupos impulsores de la iniciativa, que se someterá a debate en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea buscan que en este litigio el Gobierno modifique su postura "para defender a las personas consumidoras en lugar de las entidades bancarias".
Así, piden la retirada del escrito de observaciones, la presentación de uno nuevo o la declaración de que comparte las conclusiones de la Comisión Europea, tanto en esta fase como en la vista oral del caso.
"En caso de que decida no defender a su ciudadanía", prosigue la iniciativa, estos grupos exigen al Gobierno que "al menos adopte una postura neutral en el caso", retirando el escrito y absteniéndose a participar en la vista oral.
