MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Colegio General de Economistas ha instado a las administraciones públicas a actuar con la mayor transparencia posible en la fijación de tasas y ha hecho una llamada para concienciar a la sociedad sobre el coste de los servicios que son ofrecidos.
"Un ciudadano con un solo click debe poder saber todos los costes, hasta desglosados, de las administraciones, y este hecho se hace más evidente en las tasas", ha señalado el presidente del organismo, Valentí Pich, en la presentación del estudio 'Necesidad de hacer análisis de costes para fijar las tarifas públicas: una obligación legal y un objetivo de transparencia y de conciencia ciudadana', elaborado por el Registro de Expertos Contables, órgano del propio Colegio.
En este sentido, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha destacado que "es necesario calcular los costes antes de aprobar una tasa, porque genera eficiencia, eficacia y, lo más fundamental, transparencia de las administraciones".
Así, la entidad ha recalcado que el índice ITA 2012 pone de maniesto que la transparencia económico-financiera es la que obtiene la peor puntiación de todos los elementos valorados, con una puntuación media de los municipios de 70,9 de 100. De hecho, el informe señala que algunos ayuntamientos de los 11 analizados obtienen 0 puntos, y 23 no llegan a los 50 puntos.
CREACIÓN DE UN CATÁLOGO GENERAL DE TASAS
Con este objetivo de alcanzar una mayor transparencia, el organismo ha resumido en su estudio tres recomendaciones. En primer lugar, concienciar a los ciudadanos de lo que cuestan los servicios públicos y la contribución que reciben como compensación de lo que pagan. En segundo, que las tarifas públicas se fijen a partir de una contabilidad analítica, tal y como marca la normativa. Y por último, establecer un catálogo de tasas para homogeneizar las mismas.
El Colegio ha recordado el último estudio sobre tasas efectuado en 2010, que apuntó que Madrid y Barcelona cuentan con 20 y 19 tasas, respectivamente, frente al máximo de 46 que marca la legislación actual.
UNA OBLIGACIÓN LEGAL
Por su parte, el presidente del Registro de Expertos Contables, Oriol Amat, ha recordado que "las administraciones están obligadas por ley a tener un cálculo previo de los costes" de cada servicio antes de fijar una tasa, "pero en la mayoría de los casos no se hace".
Del mismo modo, el Colegio General de Economistas ha apuntado que en el entorno municipal la fijación de tasas o precios públicos se lleva a cabo siguiendo criterios que no siempre corresponden al principio de eficacia y el criterio general para su fijación ha sido más la simple vinculación al IPC que a una revisión de los costes de los servicios.
Además, Valentí Pich ha indicado que "las tasas y los copagos han venido para quedarse, puesto que vamos a entrar en unos años con presupuestos difíciles".
Por último, Amat ha subrayado que España era un país que fomentaba la igualdad de oportunidades y que actualmente están aumentando los desequilibrios. "La subida de ciertas tasas, en temas de sanidad, educación y justicia, puede suponer que disminuya la igualdad de oportunidades, uno de los grandes activos construidos durante décadas".