Economía/Fiscal.- Apife aboga por una Agencia Tributaria única, dependiente del Parlamento y con participación de CC.AA.

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (Apife), Ignacio Fadón, defendió hoy una Agencia Tributaria única, pero dependiente del Parlamento y no del Gobierno y con representación de las comunidades autónomas en su órgano de dirección.

Fadón señaló, en rueda de prensa, que este es el modelo de administración tributaria que defienden los inspectores de Hacienda del Estado, ante el debate suscitado recientemente por la propuesta socialista de crear 17 agencias tributarias. Para Apife, una Agencia Tributaria única es la manera "más eficaz" para luchar contra el fraude, pero es necesario que su control dependa del Parlamento y no esté sujeto a la voluntad política de turno.

En su opinión, un sistema contributivo eficiente debe estar basado en el principio de igualdad de los ciudadanos, con unos criterios únicos de gestión y de resolución de conflictos que garanticen esta igualdad. Además, indicó que la solución a la falta de corresponsabilidad fiscal que denuncian algunas comunidades no pasa necesariamente por la creación de 17 agencias, sino por hacerla depender directamente del Parlamento, con lo que se reduciría la "excesiva" presión y utilización política de la misma.

Por ello, Apife aboga por que el máximo responsable de la Agencia Tributaria sea nombrado por el Parlamento con el consenso de los partidos políticos para un periodo, como mínimo, de cuatro años, y que dé cuenta de su gestión antes los grupos parlamentarios, como ocurre ahora con los máximos representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España. Actualmente, el presidente de la Agencia Tributaria es el secretario de Estado de Hacienda y el nombramiento del director general es responsabilidad del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

PRESENCIA REAL DE LAS CC.AA.

Igualmente, Fadón defendió la necesidad de que en el órgano de dirección de la Agencia Tributaria estén presentes, "y no sólo a título testimonial", representantes de las comunidades autónomas, con lo que se haría efectivo el principio de corresponsabilidad fiscal y la existencia de planes reales de coordinación entre los tributos estatales y los impuestos cedidos.

Apife considera que crear 17 agencias tributarias provocaría más ineficiencia, descoordinación e incremento "exponencial" de los gastos, al tiempo que dificultaría el traspaso de información entre comunidades y la posibilidad de contar con una base de datos única, lo que reduciría, a su vez, los resultados de la lucha contra el fraude y la eficiencia de los sistemas de ayuda al contribuyente.

El presidente de Apife, que señaló que harán llegar esta propuesta a todos los partidos políticos, denunció que el modelo actual de Agencia Tributaria ha avanzado mucho en los servicios de asistencia e información al contribuyente, pero ha cosechado un "gran fracaso" en el control del fraude sofisticado (paraísos fiscales, movimiento de capitales, activos financieros), "al que no se han dedicado los esfuerzos necesarios para hacer efectivos los principios constitucionales".

DATOS PARTIDISTAS.

"No se ha logrado, ni por asomo, controlar el fraude fiscal más sofisticado, debido, por un lado, a la ausencia de voluntad política para investigar los sectores de alto riesgo y, por otro, como consecuencia del mayor interés de una política propagandística, con datos tendenciosos y partidistas", subrayó Fadón, que recomendó al Gobierno que sea "muy prudente" en la explicación de las cifras de la lucha contra el fraude.

En este sentido, explicó que, por ejemplo, los datos de aumento del número de actas de inspección abiertas no suponen una mejora en la lucha contra el fraude fiscal si, al final, el importe de las mismas no es efectivamente ingresado. "Los porcentajes de aumento que presenta la Agencia Tributaria no son suficientemente expresivos de la bondad de la política de lucha contra el fraude", insistió.

Fadón subrayó que, pese a los resultados presentados por Hacienda de mejora de recuperación del fraude, cualquier español conoce la existencia de un fraude generalizado, por ejemplo, en el caso del IVA, lo que no se corresponde, en su opinión, con las afirmaciones oficiales de que el dinero negro cada vez es menor.

DATOS FISCALES DE DIFICIL ACCESO.

Por ello, criticó que no hay medios materiales y humanos suficientes para controlar el fraude más sofisticado, y señaló la dificultad que tienen los inspectores de Hacienda para acceder a las bases de datos dada la confidencialidad de la información, por lo que lamentó que no se le está sacando el rendimiento suficiente a esta información.

Además, indicó que se dificulta el trabajo en equipo y que se limita el mismo a periodos de un año, lo que en la práctica se traduce en que cada inspección se hace en un mes, debido al número de contribuyentes que tiene asignado cada inspector.

"Esta situación ha provocado que determinadas empresas hayan maximizado su beneficio porque saben pagar menos impuestos legalmente y, a través de la ingeniería fiscal, han llevado las leyes tributarias al terreno de la discusión", reiteró Fadón, que reconoció que la nueva Ley General Tributaria "abre la puerta" a "infinitas" posiciones y planteamientos sobre las normas tributarias.

Aunque afirmó no tener datos que le permitan concluir que el dinero negro ha aumentado en los últimos años, el presidente de Apife indicó que el aumento de billetes de 500 euros en circulación "no cabe duda" de que es un indicio del incremento del fraude. Lo que sí concretó es que, en estos últimos años, a los inspectores de Hacienda les cuesta mucho más trabajo llegar a una propuesta de regularización porque los contribuyentes "menos cumplidores" tienen más "armas" para defenderse.

Por todo ello, Fadón afirmó que la clave para aumentar la eficacia en la lucha contra el fraude está en desvincular la Agencia Tributaria del poder político para que los inspectores puedan dedicarse con total libertad a investigar y comprobar "sin la necesidad de presentar datos para quedar bien ante el Parlamento".