PP tumba el impuesto a los bancos propuesto por el PSM e IU acusa a Aguirre de "regalos fiscales" por valor de 4.800 millones de euros
MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU, la Ley de Medidas Fiscales para el Fomento de la actividad económica, que contiene medidas como ayudas a los emprendedores menores de 35 años, para las familias numerosas o para los que inviertan en el mercado alternativo bursátil.
Tras su paso por la comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda la norma, que ha aprobado el Parlamento autonómico en sesión extraordinaria, contempla medidas como una deducción 1.000 euros para los menores de 35 años que abran algún negocio en la región o una deducción en el IRPF para aquéllos que inviertan en las empresas que coticen en el mercado alternativo bursátil.
Asimismo, la norma establece importes mínimos por descendientes en el IRPF para las familias numerosas, que van desde 1.836 euros anuales por el primer descendiente que genere derecho al beneficio de las ayudas fiscales hasta los 4.600,20 euros anuales por el cuarto hijo y siguientes.
La ley plantea también que las autorizaciones de la venta ambulante de la Comunidad de Madrid serán transmisibles entre cónyuges y para ascendientes y descendientes y tendrán una duración de quince años prorrogables a otros quince. Asimismo, no saldrán a concurso anual las licencias de los comerciantes que ya cuentan con un puesto, sino sólo las que quedan vacantes.
El portavoz socialista de Presupuestos y Hacienda, Adolfo Piñedo, manifestó que el proyecto de ley regional "va en sentido contrario a lo que están haciendo todos los gobiernos europeos, incluso el español", por lo que las enmiendas socialistas apuntaban a impugnar las modificaciones fiscales aprobadas. Así, buscaban que las medidas fiscales para las familias numerosas sólo se aplicaran a partir de determinado nivel de renta, a lo que se añadían dos medidas fiscales para incrementar la recaudación.
La primera de ellas suponía crear en el tramo autonómico del IRPF dos nuevos tramos para bases liquidables de 120.000 y 170.000 euros con tipos de 2 y 4% por encima del máximo actual, situado en el 21,4%. "Con esas medidas se afectaría al 1% de los declarantes y se recaudaría 150 millones de euros, lo que significa que no se gravaría al 99% y por tanto no a las clases medias", destacó Piñedo, que consideró necesario que aquellos cuyos ingresos sean relativamente más altos, con bases superiores a los 120.000 euros, hagan un esfuerzo fiscal "suplementario y transitorio".
Esta medida no tendría, dijo, "afección a las capas medias" y aunque no arreglaría el capítulo de ingresos, supondría una ayuda y un buen mensaje a los ciudadanos, en el sentido de que los sacrificios se distribuyan con más equidad económica.
La segunda medida propuesta por los diputados del PSM fue la creación de un nuevo impuesto de depósitos bancarios, en concreto, para gravar los depósitos con un tipo del 0,1%, con el que se podrían recaudar 300.000 millones de euros, según sus cálculos. "Sería una señal en la buena dirección para repartir los esfuerzos", dijo Piñedo, que recordó que Extremadura y Andalucía ya han ido en esta línea.
Por su parte, el portavoz de Economía de Izquierda Unida, Antero Ruiz López, hizo un duro alegato contra la política regional, donde "los ajustes son para los que trabajan y los beneficios para las grandes fortunas, altas rentas y la banca". "Éste ha sido el sentido de la política fiscal de Aguirre, donde las rebajas fiscales han dejado a Madrid sin 4.800 millones de euros, por culpa de la política de regalos fiscales que ha beneficiado a tan sólo 300.000 contribuyentes de la Comunidad de Madrid", opinó.
"Regalos fiscales, reajuste estructural y ataque a los clientes son los tres instrumentos fiscales que el PP impone como un potente mecanismo para socializar las pérdidas y privatizar los beneficios de una minoría privilegiada", manifestó Ruiz, que destacó que a esta "salida conservadora" se ha unido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una reforma laboral cuyo objetivo es "debilitar el sindicalismo de clase, dar cobertura a la derecha social y política de este país y de esta región".
Las enmiendas presentadas por Izquierda Unida confrontaban así con una "política antisocial de los partidos mayoritarios", y son, a su juicio, "expresión de una alternativa social a la crisis que tiene como objetivo la creación de empleo y la defensa del Estado del bienestar como instrumento de recuperación económica".
Según explicó el diputado de IU, sus enmiendas apuntaban en que hay que ingresar más, y sólo es posible esto, "si se crea empleo, se incrementa el gasto público y se mejoran los sistemas de redistribución de la renta". "Para ello es necesario ingresar más y eso sólo es posible si pagan más los que más tienen", advirtió, al tiempo que pidió ser claros con los ciudadanos porque las políticas de ajuste no harán que se cree empleo. "Los servicios públicos recibirán un ataque sin precedentes", lamentó.
"RESUCITAR LOS INSTINTOS PRIMARIOS DEL AGRAVIO DE CLASE"
Por su parte, el portavoz de Economía del PP, Pedro Muñoz Abrines, defendió que el Gobierno de España ha cometido tres grandes errores: "confundir las causas con los síntomas de la crisis. Sólo han pensado en las consecuencias de la crisis, y lo han hecho sólo pensando en sectores y no en el conjunto de la sociedad".
"Cuando ya las consecuencias de esta crisis eran inevitables y no se podían evitar, decidieron tomar sólo medidas a corto plazo, tanto a corto, que sólo consistían en conseguir un buen titular al día siguiente porque todo el mundo sabía que esa carretera de más gasto, más déficit y más deuda no iba a tener ninguna solución positiva", aseveró Abrines. "Coger un panfleto a título de manual keynesiano no sirve, no ofrece ninguna solución porque al gobierno se le olvidó que el problema de España era de sobreendeudamiento, y con ello, no se puede precisamente incrementarlo a través déficit público", añadió.
Criticó a su vez que, después del 'tirón de orejas' de Bruselas, el gobierno se dispone a reducir el déficit subiendo los impuestos. "Se vuelven a equivocar porque lo mejor es bajar los gastos, sobre todo cuando España tiene un problema de competitividad y productividad", sostuvo.
"Zapatero, con el apoyo del PSM, ya ha aprobado en España una subida del impuesto sobre alcohol, el tabaco, se han retirado los 400 euros, se ha subido el IVA y se han incrementado las tarifas eléctricas más de un 23% en 2 años, lo que supone que el gobierno socialista de España ha subido 1.000 euros en dos años en impuesto", recalcó.
"Ahora intenta hacerse perdonar por su base social, intenta reconciliarse con sus propios militantes proponiendo medidas absolutamente demagógicas, como es subir el IRPF a aquellos que tienen rentas altas más altas e impuesto sobre los bancos. No son propuestas para bajar déficit porque capacidad recaudatoria es francamente nula. Son medidas destinadas a resucitar los instintos primarios del agravio de clase", manifestó el popular, que citó al secretario de Estado de Presupuesto, Carlos Ocaña y al de Economía, José Manuel Campa, como ejemplos de miembros del gobierno que critican las propuestas del PSM.
Frente a esta política nacional, Abrines planteó que las nuevas medidas aprobadas hoy por la Asamblea son "el camino que hay que seguir", pues las tres nuevas deducciones, al margen de su magnitud económica y de a quiénes van dirigidas, suponen una "comprensión clara de la situación real y los problemas de la economía". "Lo que necesita Madrid es mejorar la confianza", insistió.
