MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Impuesto sobre el Patrimonio vigente en la normativa española, único país que lo aplica además de Suecia y Francia dentro del marco comunitario, supone un "obstáculo" para la inversión internacional en viviendas turísticas al afectar también a los sujetos no residentes, que sufren, además, un tratamiento discriminatorio respecto a los residentes, según el estudio 'Fiscalidad directa sobre el turismo residencial en España'.
Concretamente, su autor, el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Almudí, sostiene que "el inversor fiscal no residente soporta un sobrecoste impositivo para las inversiones que realice en España respecto a las realizadas por éste en Francia, Grecia, Italia o Portugal", los principales competidores de España en este sector, y un "tratamiento discriminatorio" frente al inversor residente, al no gozar como él de un mínimo exento.
Así, explica que este impuesto, al tener como objetivo un efecto general de redistribución y reasignación de la riqueza, cuenta en España "con mínimos exentos muy bajos (108.182,18 euros) y la tarifa progresiva con los tipos marginales más elevados del primer mundo".
Además, al excluir de su aplicación a todas aquellas personas físicas que configuren su patrimonio personal bajo la forma de una actividad económica, "da lugar a que las grandes fortunas se encuentren excluidas de su aplicación, recayendo principalmente la carga tributaria sobre las fortunas medias".
Frente a estas limitaciones para la inversión internacional, Almudí explica el planteamiento del impuesto en Francia, donde el Impuesto sobre el Patrimonio se entiende como un tributo de solidaridad para las grandes fortunas y, en consecuencia, cuenta "con un elevado mínimo exento (720.000 euros) y una tarifa moderada", y permite a los no residentes gozar del mismo mínimo exento que los residentes.
POLÉMICA EN EL ÁMBITO POLÍTICO.
Por otro lado, parte de estas críticas han saltado a la palestra política, con el PP como principal detractor del impuesto. Desde esta formación se ha solicitado una modificación del tributo, al que considera "obsoleto", y se ha defendido su corrección, especialmente, "por su carácter confiscatorio, al gravar rentas ya gravadas".
Concretamente, el portavoz de presupuestos del Grupo Popular en el Senado, Juan Pablo Sánchez, solicitó en sesión plenaria el pasado mes de abril que se aumenten "sustancialmente" las reducciones de la base imponible del impuesto con el incremento de los importes que determinan la obligación de presentar declaración por él.
No obstante, el Gobierno se ha manifestado al respecto y ha abogado por elevar el mínimo exento en el caso de rentas más bajas y para la transmisión de empresas. La razón aportada por el Ministerio de Economía y Hacienda para acometer tal modificación es la necesidad de "devolverlo a lo que fue su origen", ya que cuando se creó no tenía como objeto principal recaudar sino determinar cuál era el patrimonio de los contribuyentes.
Pese a estas afirmaciones, otras voces del entorno del Gobierno, como el director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, o la secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, han apostado por la eliminación del impuesto.
De hecho, Rodríguez-Piñero declaró a Europa Press que la recaudación del impuesto creció un 23% entre 1999 y 2005 en un contexto de fuerte enriquecimiento de España, lo que revela que se está produciendo una importante "evasión" del pago del impuesto.
