Actualizado 16/07/2007 20:35 CET

Economía/Fiscal.- Inspectores de Hacienda advierten de que fraccionar la gestión de tributos traerá "graves perjuicios"

Piden al Gobierno un pronunciamiento "claro y rotundo" contra las pretensiones de la Generalitat sobre la Agencia Tributaria catalana

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado advirtió hoy de que "fraccionar" la gestión de los impuestos supondrá "graves perjuicios" en la lucha contra el fraude fiscal, en referencia a la ley de creación de la Agencia Tributaria catalana, que contempla la posibilidad de que se convierta en el futuro "en la administración tributaria única en Cataluña".

Además, alertan de que representantes de determinados partidos políticos han realizado declaraciones estos últimos días manifestando que el resultado final será la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de todo el territorio de Cataluña.

Según los inspectores, algunos conciben la Agencia Tributaria catalana como primer paso para volver a las pretensiones iniciales --según el Estatut que salió del Parlamento catalán-- de lograr una "soberanía e independencia fiscal" que no está prevista en la Constitución, ni en el texto del Estatuto aprobado.

Así, recuerdan que de acuerdo con el Estatut, los tributos estatales no cedidos, como el Impuesto sobre Sociedades, no forman parte de los recursos de los que se nutre la Hacienda de Cataluña, por lo que afirman que el concepto utilizado por algunos de tributos recaudados en Cataluña o impuestos que pagan los catalanes "no tiene ninguna cobertura legal".

Además, indican que el consorcio entre la Agencia Tributaria catalana y el Estado central está previsto para la colaboración entre ambas administraciones "cuando así lo exija la naturaleza del tributo", situación que, en el caso de algunos tributos cedidos parcialmente, como el IVA, es justo la "contraria", ya que su naturaleza hace "imposible una gestión descentralizada.

IMPRESCINDIBLE MANTENER LA UNIDAD DE DATOS.

Por todo ello, los inspectores de Hacienda advierten de que en el caso de que todos los impuestos pagados en Cataluña pasaran a gestionarse en esta comunidad, se "romperían" algunos principios básicos, como la unidad del sistema de información, imprescindible en la lucha contra el fraude fiscal.

"La eficacia (en la lucha contra el fraude) depende esencialmente de disponer de la forma más rápida posible de la mayor cantidad de información, con independencia del domicilio de los afectados", añaden los inspectores, tras indicar que el fraude más complejo y sofisticado utiliza sociedades domiciliadas en diferentes comunidades autónomas.

Además, apuestan por la existencia de un sistema de "caja única", de tal manera, que el Estado central gestione y controle las retenciones y pagos fraccionados, y defienden la necesidad de que la gestión de las retenciones se haga de forma integrada. También abogan por que el sistema de control de actividades económicas sea integral.

Los inspectores de Hacienda alertan, igualmente, de que fraccionar la gestión de los impuestos sobre el consumo "rompe la unidad de mercado", por lo que afirman que ni el IVA ni los Impuestos Especiales pueden ser territorializables.

"En contraposición a los graves perjuicios que se producirían en la Administración Tributaria, enunciados anteriormente, no se han expuesto por los defensores de romper el sistema actual ningún argumento a favor, salvo los de tipo político, como puede ser lograr unas mayores cuotas de poder al gestionar los impuestos que le corresponde legalmente gestionar al Estado", subrayan.

EL GOBIERNO DEBE ZANJAR LA POLÉMICA.

Por este motivo, solicitan un pronunciamiento "claro y rotundo" del Gobierno para "zanjar la polémica" desatada por las "pretensiones" de algunos "de ir más allá" de lo que establece el texto del Estatuto catalán.

Finalmente, recuerdan que el Estatuto contempla la creación de la Agencia Tributaria catalana para gestionar sólo los tributos propios y los cedidos totalmente, mientras que el futuro consorcio con el Estado deberá gestionar los tributos cedidos parcialmente "cuando su naturaleza así lo exija".