Advierten de que la creación de agencias tributarias autonómicas puede suponer un fraccionamiento del sistema
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado considera imprescindible mantener un sistema "integrado" de control y gestión del fraude entre la Administración central y las autonómicas, y advierten de que la creación de agencias tributarias en los gobiernos territoriales puede suponer una fragmentación del modelo actual de gestión y control de los tributos.
Para los inspectores de Hacienda, la creación de las agencias tributarias autonómicas tiene que contar con "líneas rojas no traspasables" en la cesión de la capacidad gestora a las comunidades autónomas, ya que en caso contrario se producirían efectos "muy perniciosos" en la asistencia a los contribuyentes y en la lucha contra el fraude fiscal.
En este sentido, aseguran que para garantizar una mínima eficacia en la lucha contra el fraude, es preciso que una misma administración tributaria efectúe el control de todos los tributos que giran en torno a las actividades económicas, debido a la fuerte interrelación entre los mismos.
"De lo que se trata es del control integral de la situación fiscal de un contribuyente en su conjunto, y no de figuras aisladas. Este control integral debe desarrollarse por una única administración tributaria, la estatal, con la colaboración que corresponda por parte de las comunidades autónomas", reiteran.
SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO.
Igualmente, indican que el sistema de información ha de ser único y la entrada de información y su mantenimiento debe ser gestionado por la Agencia Tributaria estatal, que tendrá que trabajar con una base de datos y aplicaciones informáticas "únicas, comunes y accesibles" por las comunidades autónomas, pero sin límites en relación con el ámbito territorial del domicilio fiscal de los contribuyentes.
Los inspectores añaden que el fraude fiscal "más complejo y sofisticado" se extiende por los más diversos territorios, utilizando frecuentemente sociedades domiciliadas en distintas comunidades autónomas, por lo que fragmentar la información disponible equivale en la práctica "a no poder combatir" en un plazo adecuado los fraudes más graves, pues implicaría la necesidad de establecer protocolos de intercambio que siempre "retrasan y hacen más difícil" la utilización de la información.
De hecho, apuntan que actualmente ya existe un "mal funcionamiento" en los intercambios de información entre el Estado central y las comunidades autónomas, especialmente en el caso de las forales, así como entre los propios países de la UE.
NO FRACCIONAR LA GESTIÓN DE RETENCIONES.
Además, los inspectores apuestan por no fraccionar la gestión de las declaraciones informativas presentadas por las empresas, ya que, a su juicio, resulta evidente que con una gestión fraccionada o separada se dividirían los datos de las compañías entre varias administraciones, con lo que se perdería gran parte de las utilidades de esa información.
Al mismo tiempo, defienden que exista un sistema de "caja única", de tal modo que, la gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se llevan a cabo por la Agencia Tributaria estatal, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación. Así, consideran que "no tiene sentido" que las empresas tengan que presentar una declaración de retenciones por cada comunidad autónoma.
Finalmente, sobre la creación de un consorcio entre la administración tributaria estatal y la catalana, estiman que dicho consorcio debe limitarse al ámbito del IRPF, y se muestran en contra de que se extienda también al IVA y a los Impuestos Especiales.
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