Hacienda lo niega, y asegura que la creación de una Comisión para resolver conflictos da más garantías jurídicas al contribuyente
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado denunció hoy el intento del Gobierno de ejercer un control político en la decisión de actas de disconformidad, con cuotas superiores a los 6 millones de euros, según se recoge en el Reglamento de la Ley General Tributaria sobre las Actuaciones de Gestión e Inspección Tributaria, y anunció que si se aprueba, estudiará la posibilidad de recurrirlo en los tribunales.
Según los inspectores, dicho reglamento "limita" las facultades legales de los inspectores jefe, al establecer la obligatoriedad de intervención de una Comisión Consultiva, "ajena" a la Inspección de Hacienda, para que resuelva las actas de disconformidad más importantes o más conflictivas.
En este sentido, denuncian que la medida no tiene ninguna explicación técnica, por lo que sólo puede justificarse por "motivos políticos". Los inspectores afirman que de aprobarse esta norma, se adoptarían decisiones sobre determinados expedientes que podrían ir en contra del criterio del inspector jefe, siempre que así lo decidiera la Comisión Consultiva.
"De esta forma, la decisión en los expedientes más importantes y delicados va a estar en manos del Director General de Tributos, nombrado directamente por el secretario de Estado Hacienda", subrayan.
Además, critican que esta Comisión Consultiva se circunscribe a las actas con cuotas superiores a los 6 millones de euros, normalmente levantadas a las grandes empresas, y a otras de especial complejidad.
"No hay motivos técnicos que justifiquen la adopción de dicha medida, ya que existen suficientes órganos consultivos a los que la Inspección de Hacienda se puede dirigir en los casos más complejos o complicados, y así lo ha hecho hasta ahora, solicitando los informes que estime convenientes", reiteran.
Así, apuntan que actualmente existe la Subdirección de Ordenación Legal del Departamento de Inspección, que entre sus funciones están la de prestar asesoramiento técnico en los supuestos más polémicos o dudosos, o el Servicio Jurídico del Estado.
NO HAY ANTECEDENTE EN EL SISTEMA FISCAL.
Para los inspectores, la intervención obligatoria de esta Comisión supone trasladar las decisiones en los expedientes de las grandes empresas o de los temas más delicados o conflictivos a un órgano ajeno a la Inspección de Hacienda. "No existe antecedente de este tipo en nuestro sistema fiscal", insisten.
Además, indican que cuando la Ley General Tributaria ha querido regular la obligatoriedad de la emisión de un informe, lo ha reflejado expresamente en su articulado, como ocurre en los supuestos de conflicto en la aplicación de la norma (artículo 159) o en todas las actas de disconformidad (artículo 157).
Por tanto, concluyen que, de aprobarse este reglamento tal y como figura en el proyecto, se estarían "eliminando" las competencias que actualmente tiene la Inspección de Hacienda para regularizar los expedientes más delicados, ya que deja dicha decisión en manos de un órgano "ajeno" a la misma.
En este sentido y dada la "gravedad" que supondría la aprobación de este reglamento, desde la Organización de Inspectores de Hacienda proponen que se elimine dicho precepto, y aseguran que de no ser así, se considerará la posibilidad de recurrirlo ante los tribunales.
HACIENDA RECHAZA EL CONTROL POLITICO.
En cambio, fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Europa Press que se ha "malinterpretado" este precepto, y negaron que el Gobierno tenga intención de controlar las actuaciones de inspección sobre las grandes empresas. Para el organismo inspector, se trata de mejorar la relación entre Hacienda y el contribuyente, mediante la creación de una Comisión Consultiva, que decida en caso de conflicto.
Estas mismas fuentes explicaron, además, que dicha Comisión no será ajena a los inspectores de Hacienda, tal y como este colectivo denuncia, sino que estará formada por dos miembros de la Inspección y otros dos de la Dirección General de Tributos, por lo que rechazaron que se trate de un intento de control político.
Para la Agencia Tributaria, esta Comisión Consultiva es un mecanismo más con el que contará el contribuyente en caso de disconformidad con Hacienda, lo que "refuerza sus garantías jurídicas" y da "más solidez" a las decisiones de la Agencia Tributaria. Además, si el contribuyente no está de acuerdo con la decisión final, siempre tiene la posibilidad de recurrir ante los tribunales.
